Marco Trejo
El principal problema de la inseguridad vial es que a cualquier persona le extienden una licencia de conducir tipo “A”, sepa o no manejar, porque la Ley lo permite. Hace algunos años para poder conducir un vehículo de carga pesada o transporte colectivo tenía que haber cumplido 30 años, pero ahora cualquier persona lo puede hacer sin tener las calidades correspondientes, convirtiéndose en un simple “chófer” y no un piloto profesional.
En los últimos años hemos visto (desde el 2011), como han aumentado los índices de accidentalidad vial (25 por ciento más), por lo que cada vez es más peligroso viajar en las carreteras del país, porque no contamos con pilotos profesionales capacitados para manejar y todo porque la obtención de licencias se ha convertido en un “negocio” y no se ponen a pensar que es una responsabilidad que conlleva vidas humanas.
Aunque las estadísticas revelan que el 80 por ciento de los percances viales ocurren por exceso de los límites de velocidad, las autoridades encargadas de velar por la seguridad vial, no tienen la “varita mágica” para lograr tal regulación y evitar que sigan muriendo miles de guatemaltecos en él asfalto.
Se habla de realizar modificaciones mecánicas en la bomba de inyección de los vehículos, para que los mismos desarrollen un límite máximo de velocidad de hasta ochenta (80) kilómetros por hora, para los vehículos que transporten más de 12 pasajeros o que tengan una capacidad de carga de más de 3.5 toneladas. Alrededor de 400 mil automotores, entre transporte pesado y colectivo.
Sin embargo, los funcionarios de las diferentes instituciones que tienen la obligación de velar por la seguridad y regulación vial léase: Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC). Policías Municipales de Tránsito (alcaldías), Dirección General de Transporte (DGT) y de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, siguen negociando qué hacer en lugar de imponer sanciones y medidas ejemplares, que permitan menos víctimas de pilotos irresponsables.
Estos “burócratas”, quienes si son buenos para cobrar sus cheques de fin de mes, siguen llenando sus bolsillos, sin hacer nada por encontrarle una solución a la problemática de la accidentalidad vial. Ellos tienen informes de que hay transporte pesado y colectivo que viajan a más de 100 kilómetros por hora y se hacen dos horas y media de Quetzaltenango a la capital, cuando no es permitida esa velocidad en la mencionada ruta. Pero se hacen de la vista gorda, porque no se quieren pelear con los transportistas.
Todas estas instituciones saben que pasa en los Centros de Evaluación de Conductores de Vehículos (CECOVE), donde se realizan las evaluaciones teóricas y prácticas para la obtención de la licencia de conducir, pero tampoco hacen nada, les dan luz verde para que siga la corrupción y que siga muriendo gente en un país que sus funcionarios han perdido el valor por la vida y en lugar de protegerla, la siguen “negociando” por los siglos de los siglos.
Incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU), propuso el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, el cual establece medidas prácticas y efectivas que todos los países y comunidades pueden implementar para salvar vidas. El problema de los accidentes es mundial, pero unos gobiernos implementan acciones y otros, como Guatemala, únicamente ven cómo siguen muriendo sus pobladores, por la ineficiencia de sus autoridades.
Desde que se inventó el automóvil, en los 195 países reconocidos por la ONU, han muerto más de 50 millones de personas en las carreteras del mundo, una cifra espeluznante que es más elevada que el número de muertes que dejó la Primera Guerra Mundial o algunas de las peores epidemias que ha vivido la humanidad.
El ente mundial recomienda que se requieren verificar límites estrictos de velocidad e implementar tecnología para monitorear que se respete la Ley de Tránsito de cada país y eso conlleva encuadrar marcos legales para unificar las sanciones que se deben imponer en especial en países del tercer mundo, donde las cifras son elevadas y la corrupción campea en todos los aspectos.
Pero para poder implementar este sueño mundial, se hace necesario que en cada Estado exista voluntad política y que sus funcionarios de alto nivel, tengan conciencia, de lo que se vive para que, velen por la disminución de estos “alarmantes” datos, que dejan año con año miles de familias con luto y dolor.
Esperemos entonces que pasen rápidamente estos dos años que faltan del actual gobierno, para que tome posesión un mandatario que si le importe la vida de los ciudadanos y que nombre funcionarios con méritos (calidades) y no politiqueros que solamente llegan a los puestos como “turistas”, todo por favores políticos de campaña.
