Pablo Velásquez, José Daniel González
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En esta nueva sección pretendemos dar a conocer la diversidad de pensamientos que existe entre los distintos miembros del Frente Ciudadano Contra la Corrupción al mostrar distintos puntos de vista sobre cómo conseguir nuestros objetivos. Hoy presentamos la problemática: “Formas de combatir la corrupción: Reformas de Ley vs. Auditoría social”.
Del lado de la reforma de leyes argumenta Pablo Velásquez, estudiante de derecho:
La lucha contra la corrupción es solo posible a través de la ciudadanía y solo si esta tiene el valor de rechazar la corrupción y la confianza en que los demás son capaces de compartir este valor. Es por eso que desde la ciudadanía deben surgir líderes que busquen siempre perseguir el valor anticorrupción y que tengan la voluntad de mantener esa confianza impuesta por sus conciudadanos. Lo que se necesita entonces son instrumentos para que estas personas con buena voluntad puedan mantenerse en el poder y aquellos con prácticas corruptas sean sacados. Esto se cumple a mi parecer a través de leyes más estrictas y disuasivas, entre las cuales podrían estar penas más duras o reducción de salarios generales. Se puede hablar también de cambios en las atribuciones y creación de cargos para limitar el impacto que un individuo puede causar. Estas ideas las he discutido en otros artículos. Las ventajas que da fortalecer las leyes es que la ciudadanía no debe estar pendiente de todo el proceso de cambio (siempre vigilando, pero no siempre actuando) y que se parte de un punto fuerte más concreto. La única desventaja es que se necesitan personas aliadas dentro de las estructuras de poder para realizarlo, por eso, no debemos olvidar que estas personas llegan allí por nuestra voluntad como ciudadanía y que como ciudadanía también podemos formar parte al elegirlos. En conclusión, para que esto funcione se necesita primero una ciudadanía con voluntad de cambio, luego miembros de la sociedad con esta voluntad, que sean electos y hagan cambios, tras lo cual se crearán instituciones confiables de las cuales se puede esperar una auditoría social justa. Las leyes fueron hechas contra la corrupción, y los jueces que dictan sentencia buscan también su erradicación. Es así como un Estado sin corrupción surge de la mejor manera, con el apoyo popular a través de líderes legitimados.
Del lado de la auditoría social argumenta José Daniel González, estudiante de derecho:
Como bien menciona el señor Velásquez en su comentario, la única desventaja de querer crear leyes anticorrupción es la voluntad que tienen los legisladores y personas en otros cargos a redactar estas normas a partir de pactos con retribución personal lo que lo convierte en una pesadilla judicial. Si bien es cierto que en Guatemala nos rige un imperio de la ley, parece que algunos ciudadanos deciden no someterse a este orden.
Por esto mismo, al verse el Estado de Derecho debilitado en Guatemala, la lucha contra la corrupción deja de ser un instrumento totalmente legal. Si la ley y su proceso de formación es lo que ha sido corrompido, esto no se soluciona con nuevas reformas. Sino que se empieza con la misma fuerza que mantiene el orden de la sociedad, el poder que radica en cada ciudadano. Si la población guatemalteca provee legitimidad a los cargos públicos y, por consiguiente, a las normas que emanen y regulen el actuar de estas figuras, es lógico concluir que la única manera de empezar a hacer un cambio es utilizando la voluntad y razón dirigidas al bien de la sociedad, de las cuales hablaba hace tres siglos el filósofo Jean-Jacques Rousseau.
El fin está claro: erradicar la corrupción con nuevos sistemas de rendición de cuentas, auditoría y confianza. Sin embargo, el poder que radica en cada persona es clave para encender la chispa de la llama de la libertad. Claro que se tiene que reformar el proceso judicial, por supuesto que el Estado de Derecho tiene que ser restablecido a toda su gloria. La diferencia es que no se pueden hacer reformas sin antes haber cambiado la mentalidad de la ciudadanía.
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