Carlos Figueroa

carlosfigueroaibarra@gmail.com

Doctor en Sociología. Investigador Nacional Nivel II del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Profesor Investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Profesor Emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Guatemala. Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Carlos. Autor de varios libros y artículos especializados en materia de sociología política, sociología de la violencia y procesos políticos latinoamericanos.

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Carlos Figueroa Ibarra.

El domingo 16 de enero de 2022 se cumplieron treinta años  desde el día en el que se firmaron los Acuerdos de Paz entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). El acuerdo puso fin a diez años de cruenta guerra civil en El Salvador. El aniversario  ha cobrado  un tinte distinto  este año, pues  ha sido usado por el presidente Nayib Bukele para una nueva ofensiva  contra lo que él considera el ente bicéfalo de la corrupción en su país: el FMLN y Arena que se pusieron de acuerdo para finalizar el Conflicto Armado.

Días antes la Asamblea Legislativa, dominada  ahora por Nuevas Ideas de Bukele, derogó  el decreto que establecía el 16 de enero como Día Nacional de la Paz y  estableció el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. La medida  tiene un sentido político e ideológico y revela la voluntad de Bukele de construir una  nueva hegemonía ideológica que se sumaría a la  política que ya tiene. Convertir al Conflicto Armado Interno en un hecho que “sólo representó  la muerte y dolor de cientos de miles de salvadoreños”, implica arrasar la memoria de las causas de la guerra civil. Implica también  enarbolar la “teoría de los dos demonios” que equipararía al establishment salvadoreño y al FMLN como dos fuerzas igualmente deplorables y corruptas.

La guerra popular revolucionaria enarbolada por las organizaciones revolucionarias agrupadas después en el FMLN, fue  resultado impuesto por una dictadura militar y terrorista que reproducía los intereses de una oligarquía animada por el oscurantismo anticomunista. Recordemos que buena parte de las fuerzas agrupadas en el FMLN intentaron en las décadas anteriores  una lucha electoral y pacífica que fue desvirtuada por los fraudes y los asesinatos. La guerra estalló  después de que  fracasó un último intento de resolver de otra manera la situación: el golpe de 1979 que dio origen a un gobierno de coalición.

Descalificar los Acuerdos de Paz de 1992 no es más que la tentativa de construir un nuevo orden político que busca acabar con las fuerzas políticas que  construyeron  una nueva época después de la dictadura militar. El gobierno de Bukele y el movimiento que lo sustenta pretende arrasar con el pasado reciente para instaurar una nueva era que por eso mismo, no terminaría con el término del período de gobierno de Bukele. Éste busca descalificar  la guerra y el período que le siguió  como un período de conflicto y después de acuerdos entre fuerzas igualmente corruptas. Es una operación  igualmente mendaz que la operación ideológica del anticomunismo en Guatemala después del golpe de 1954 y de la que ejerció el pinochetismo neoliberal con el gobierno de Salvador Allende después del golpe de 1973.

El problema que enfrentan las fuerzas progresistas en El Salvador, es que Bukele ha sabido aprovechar las cuentas pendientes que dejaron los gobiernos de Arena y el FMLN en los períodos en los que gobernaron. Hoy Bukele cuenta con un apoyo de masas que no es posible  ignorar.

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