Ferrovías contempla adjudicar mediante asamblea extraordinaria la primera etapa del proyecto ferroviario en el Pacífico a la empresa mexicana Remed, S.A. y revisar el contrato con Puerta del Istmo.
Los accionistas de la Compañía Desarrolladora Ferroviaria S.A. (Ferrovías) están convocados el miércoles 12 de enero a una Asamblea General Extraordinaria para conocer el controversial contrato de arrendamiento que prevén firmar con la empresa Remed, S.A., de capital mexicano. Es un paso para cumplir el anuncio del presidente Alejandro Giammattei de reactivar el añorado ferrocarril en el país, con muchos millones en juego y rodeado de cuestionamientos.
Otro punto de la agenda será la revisión del contrato de servidumbre voluntaria y onerosa de paso de interconexión ferroviaria suscrito entre Ferrovías y Puerta del Istmo, S.A. surgida de la anterior asamblea general de accionistas, celebrada en octubre de 2021.
En la carta firmada por el administrador único y representante legal de Ferrovías S.A., José Fernando Ulloa Rosenberg (dueño de un bar), quien fue nombrado en la anterior asamblea, se conoce como cuarto punto de agenda, en el sentido que será quien iniciará “las acciones legales pertinentes al contrato suscrito con Puerta del Istmo”.
El sueño de rehabilitar una red ferroviaria que atraviese el país fue una de las promesas de campaña del presidente Giammattei. El proyecto ha sido bautizado Ferrocarril Bicentenario y busca otorgar un contrato en concesión durante 25 años a la compañía mexicana Remed, S.A., propiedad de Carlos Álvarez de Alba, una filial de Stella Holdings.
Se trata de un negocio millonario, con cerca de US$700 millones, en donde se les otorgaría el derecho de vía de reactivación ferroviaria de 235 kilómetros, para la primera etapa, que conectaría de la frontera de Tecún Umán, San Marcos con Puerto Quetzal, Escuintla.
TEMOR A OTRO NEGOCIO OSCURO
Sin embargo, existen señalamientos de que se trata de otro negocio oscuro y sin fundamento legal del actual gobierno, el cual podría beneficiar a unos pocos y perjudicar una vez más los intereses del país, porque pese a que no se ha llegado a la Asamblea, el presidente Alejandro Giammattei afirmó en diciembre pasado que el contrato sería firmado este mes.
Esto debido a que el Estado de Guatemala es el propietario de más de 80% de las acciones de Ferrovías, indica el diputado Luis Fernando Pineda, de Movimiento Semilla y presidente de la Comisión de Integración Regional del Congreso.
Por su parte, Fermín Colina, presidente y Fredy Palma, gerente, respectivamente de Puerta del Istmo, empresa que opera una Zona de Desarrollo Económico Especial Público (ZDEEP), en Tecún Umán, San Marcos, afirman que el representante de Ferrovías los está presionando para que rescindan el contrato firmado en junio de 2021, al aducir que es oneroso, no exclusivo de servidumbre de paso para un tramo de interconexión ferroviaria.
A estas voces se une el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien estuvo presente en la asamblea celebrada en octubre y en donde comenta que hubo resistencia para permitir su ingreso. Rodas abrió un expediente del caso, señalando la falta de transparencia en el proceso.
Diario La Hora intentó contactar a Ulloa Rosenberg desde diciembre pasado, pero no respondió a los mensajes y llamadas para conocer su postura. También se intentó conocer la postura del empresario Carlos Álvarez de Alba y del Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, quien de momento no respondió.
EL NEGOCIO
“Vamos a poder exportar de Guatemala en tres días un contenedor en Chicago. Eso arranca ya, en los primeros 6 u 8 meses del próximo año. El tren de México debería entrar a Guatemala de 3 a 4 kilómetros a una zona franca privada llamada Puerta del Istmo, para que la gente pueda empezar a exportar, sin impuestos”, afirmó el presidente Giammattei en una reunión en Estados Unidos. En esta misma intervención, se refirió al próximo contrato a firmarse en enero con la empresa Remed, S.A.
Ferrovías es la única usufructuaria de los bienes de utilidad ferroviaria del país. Cuenta con los derechos de explotación de más de 800 kilómetros de corredores ferroviarios en el país. En noviembre de 1997, el Estado de Guatemala, por medio de licitación pública internacional, dio en usufructo oneroso por 50 años el manejo de los activos ferroviarios propiedad de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) a la empresa Railroad Development Corporation (RDC) y su filial Ferrovías Guatemala, según su página oficial.
Con el fin de concretar esta promesa de campaña, el Ferrocarril Bicentenario aterriza con un proyecto que plantea en una primera etapa la reactivación del tramo de 235 kilómetros aproximados desde la estación Tecún Umán, San Marcos hasta Puerto Quetzal, Escuintla. Además, un tramo de 30 kilómetros de Retalhuleu a Puerto Champerico, de acuerdo con las bases de licitación FV-LS-02-2021.
El diputado Luis Fernando Pineda explica que el usufructo firmado entre Fegua y Ferrovías por 50 años -contrato 402- es la base para respaldar que este proyecto es ilegal, pues no puede darse un usufructo sobre otro usufructo previo.
La primera duda que surge al fiscalizar el proyecto es que el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, se opuso en febrero del año pasado a firmar el contrato con Remed, S.A. El dictamen explica en nueve puntos las razones para no considerar conveniente este contrato en perjuicio de los intereses del Estado.
Un ejemplo de estas falencias son los errores del pasado y que están en línea para repetirse, como el que Remed, S.A. pretenda responsabilizar a Ferrovías de liberar las vías del tren. “Este ha sido uno de los principales problemas y por el cual Guatemala en un contrato anterior con una empresa internacional debió pagar más de US$10 millones por que no pudo liberar las vías debido a las invasiones”, expone Pineda.
CAMBIO DE POSTURA DEL PGN
Posteriormente, de manera sorpresiva el Procurador cambió de postura, solicitó el relevo del administrador y retomar la negociación con Remed. “¿Por qué sí ya se había sido dictaminado negativamente?”, cuestiona el congresista.
Según el diputado, para cumplir la demanda de Donado, y por recomendación del ministro Malouf se nombra al nuevo administrador de Ferrovías, Ulloa Rosenberg, con experiencia en banca y propietario del bar El Habano de Don Rodrigo.
El diputado Pineda señala a cuatro actores clave en este negocio, que considera a todas luces en perjuicio de los intereses del país y con olor a corrupción, expresó:
- En principio, el Ministro de Economía, a quien le piden que vele por los intereses del país. Malouf negó esos extremos y más adelante consta su postura.
- El rol del Procurador General de la Nación que no defiende los intereses del Estado, sino solo acata órdenes y es el personaje clave que dará el voto favorable o no como representante del Estado en esta próxima asamblea.
- Fernando Ulloa Rosenberg, quien fue puesto en el cargo para viabilizar el contrato y que sea aprobado tal cual, sin velar por los intereses del Estado.
- Por último, el interventor de Fegua, Augusto Romeo Ponce, a todas luces invisible para verificar este contrato.
Este es la opinión del PGN sobre el proyecto:
EL CASO DE PUERTA DEL ISTMO
A escasos 3 kilómetros de la frontera Guatemala-México, y a tan solo 500 metros de la aduana fiscal Tecún Umán II se encuentra Puerta del Istmo, S.A. Es la primera zona libre aprobada bajo el régimen de industria y comercio ZOLIC, con aval de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
En junio del 2021, la empresa suscribió un contrato con Ferrovías consistente en una servidumbre de paso de 1.3 kilómetros de la vía férrea -no exclusiva-, lo que permitiría agilizar el manejo de carga de transporte de carga a tren, y viceversa. “La aduana está congestionada. En este momento se mueven unos 900 contenedores diarios. El tiempo de despacho para mover la mercadería es lento”, afirma el gerente, Fredy Palma.
El proyecto que ofrecen tiene dos fases. La primera es construir 3.2 kilómetros de línea férrea de los cuales 1.3 kilómetros serían de uso común, que conectaría con un espolón privado en las instalaciones de Puerta del Istmo. La segunda, construir una terminal ferroviaria multimodal en donde disponen de 20 hectáreas de terreno. El costo estimado de la inversión vial es US$3.3 millones y para la terminal de US$23 millones.
También contempla donar 4 manzanas de terreno para las 120 familias invasoras que actualmente viven en este tramo vial e impedirían que el tren opere con gente en los alrededores.
Según Fermín Colina, presidente de Puerta del Istmo, es una zona de derrame económico que genera ganancias tanto para el gobierno, como para el sector privado y trabajadores. Proyectan generar en un futuro próximo unos 3,500 empleos directos.
Sin embargo, en los últimos meses la tensión con Ferrovías ha subido de tono, pues en forma amenazante se les ha pedido que rescindan el contrato.
Para Colina, esta obstrucción no tiene ninguna lógica, pues no interfiere con el proyecto de Remed. “En lo que ellos construyen sus 240 kilómetros de línea férrea, nosotros podemos comenzar a operar este año. Cuestiona la razón de matar un proyecto de beneficio para el país ante uno en donde prevalece la incertidumbre, con un trazo ilógico que continúa con la antigua línea férrea.
“Hemos investigado que Remed no cuenta con el respaldo técnico ni financiero para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura; no tiene antecedentes, solamente una alianza con una empresa inglesa de ferrocarriles de trenes eléctricos de pasajeros. Además, tenemos presiones claras para finalizar el contrato, el desarrollo de una zona franca privada y renegociar con Remed”, y en particular es “una empresa que quiere invertir más de US$500 millones para recuperar la inversión en un plazo de 25 años, no es negocio”, afirmó.
El empresario dijo que vive días de incertidumbre y una enorme frustración de un proyecto por el que expresa que ha luchado durante 10 años, agregando que ha apostado por un área que significaría un gran derrame económico y generación de empleo para muchos.
MINISTRO MALOUF RESPONDE LOS SEÑALAMIENTOS
El Ministro de Economía, Antonio Malouf, respondió después de una semana. Indicó que para el Gobierno es de interés que Guatemala tenga un ferrocarril que funcione de forma ágil y barata para movilizar productos fuera de las fronteras. Acerca del respaldo técnico y financiero de Remed, S.A. en donde se cuestiona capacidad de invertir US$700 millones en un periodo de 26 años, comenta que esta es una empresa mexicana subsidiaria de una mucho más grande, que es la que posee el capital.
Malouf se distancia de opinar sobre los temas legales, como el tema de dar un usufructo por encima de uno ya existente. Sin embargo, comenta la empresa Chiquita Banana tiene un contrato similar por uso de la vía férrea en Izabal.
Resaltó que Ferrovías es una empresa privada y por tanto el contrato también lo es. De manera que, es de comprender si no quieran responder a la prensa. De su parte, él se encarga de atraer los inversionistas.
En cuanto a las invasiones, afirma que se ha reunido con el sector privado –azucareros y palma africana– quienes sí están dispuestos a ceder terrenos en donde hay tramos invadidos- para crear vías alternas, puesto que a ellos les conviene.
En cuanto al interés de rescindir el contrato con Puerto del Istmo, indica que ese contrato original no lo hizo el actual representante legal de Ferrovías, Ulloa Rosenberg y según abogados, tiene problemas y debe hacerse de nuevo.
“Ciertamente, existe un conflicto de interés, pero eso no se quiere decir que no se quiera trabajar con ellos. En lo personal, los he promocionado. Queremos que sea una relación sana desde el principio”
Ministro de Economía, Antonio Malouf
“Necesitamos infraestructura productiva, vías de acceso. En vez de que el gobierno ponga el dinero, una empresa invertirá y además dará un porcentaje a Guatemala a través de Ferrovías”, comentó.
PDH: UN EVENTO OPACO
En seguimiento al mandato de supervisar la administración pública, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se hizo presente en la asamblea de Ferrovías celebrada en octubre pasado, a pesar de que hubo resistencia por parte del Procurador de la PGN.
“Pareciera un evento opaco. No ha habido un proceso de información pública y están en juego los intereses del Estado. El pache está hecho”, sostiene.
Por esa razón quiere estar presente en la próxima asamblea extraordinaria. Si el proceso fuera transparente no habría ninguna prisa, se podría invitar a empresas internacionales a manifestar su interés en participar en este proyecto. Por tal razón, envía un mensaje a la Comisión de Probidad del Congreso para que tome cartas pues “estamos a las puertas de un negocio millonario y opaco”.
Recomienda, además, al Ministro de Economía defender los intereses del Estado y no favorecer a particulares.
El diputado Pineda aclara que no está en contra de las inversiones que puedan generar desarrollo para el país, pero no cuando se hacen en forma opaca, corrupta y perjudicando los intereses del Estado de Guatemala. “Estamos en contra de que se pretenda hacer un negocio en beneficio del club de amigos del ministro o del presidente”, advierte.
Concuerda la presión de Remed para concretar este negocio, pero no han demostrado que tienen la capacidad operativa, técnica ni financiera para ejecutar un contrato de este tipo.
Faltará ver si el viejo proyecto de conectar una línea ferroviaria que atraviese el país y la región se concreta en una realidad tangible, o se quede en otro ofrecimiento más de campaña electoral, convertido en un negocio opaco y millonario.
Aquí el vídeo donde el presidente, Alejandro Giammattei habla del proyecto en los primeros minutos.
