Nuestra arcaica Ley de Orden Público no es compatible con el ejercicio democrático y constituye un resabio de los tiempos de abiertas tiranías, razón por la cual las dictaduras disfrazadas de democracia recurren a ella con extrema facilidad, como si fuera la llave mágica para controlar cualquier situación. Es una ley de carácter eminentemente represivo que encuentra en el Estado de Sitio su máxima expresión porque, como su nombre lo indica, implica cercar un lugar para apoderarse de él o cercar a una persona para poderla capturar. Y cabalmente sitio fue el que se estableció en El Estor para apoderarse del área a fin de impedir que los pobladores pudieran ejercitar su derecho de exigir respeto en el tema de la minería y luego también se aplicó en Nahualá e Ixtahuacán para resolver el problema ancestral entre ambas comunidades y que el Estado y su justicia no han logrado dirimir.
Además del cerco establecido con la fuerza pública se limitan los derechos constitucionales que son, aunque no lo quieran admitir, derechos inalienables, léase bien, del ser humano. Y el gobierno actual, que decidió mediar entre las dos poblaciones para resolver el viejo pleito, fracasó luego de que el Vicepresidente dirigió el diálogo y fue removido por sus diferencias públicas con Giammattei. El resultado fueron nuevos y más sangrientos enfrentamientos en el marco de una situación que se ha ido deteriorando y en la que nuevos actores pueden estar ya influyendo, entre ellos el incontrolable crimen organizado que ha sentado reales en tantas de las comunidades de Guatemala.
Ante el ataque que sufrieron las fuerzas del orden recibieron la orden de retirarse y de esa cuenta ahora hay un Estado de Sitio pero sin sitio del área en conflicto, lo que implica una gran contradicción. Pero más que eso hay que ver que el gobierno recurrió a la medida represiva porque no tuvo la capacidad de que, mediante la aplicación de la ley por parejo, como debe hacerse en cualquier país con plena vigencia del Estado de Derecho, se pudiera encontrar la solución.
Se vuelve a mostrar la tendencia de este gobierno a lavarse las manos y dejar que cada quien resuelva sus problemas como pueda. Así como se dijo que la pandemia no es problema del Estado sino de los individuos que deben cuidarse por sí mismos, ahora dicen que los pobladores en conflicto vean cómo se arreglan entre ellos porque sin intervención de la justicia o de los instrumentos de mediación estatales, el Estado de Sitio fracasó estrepitosamente pues el sitio que se quiso imponer fue mandado al carajo por los interesados.
Esperar que se revise la Ley de Orden Público con estos diputados es inútil y hasta pernicioso. Pero obviamente es un instrumento anacrónico, obsoleto, al que no debe apelarse con la ligereza que ha mostrado este gobierno.
