La excandidata presidencial Zury Ríos del partido Valor ha contratado este año servicios de asesoría en relaciones gubernamentales con la firma estadounidense Sonoran Policy Group, LLC, (Código de registro 6399) a cargo del lobista Robert Stryk, exasistente republicano, que también fue asesor de Ríos durante la campaña electoral de 2019. El precio de los servicios se desconoce, tanto este año como en el 2019, aunque se estima que asciende a miles de dólares. Estos gastos no han sido reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Hasta septiembre de este año, los reportes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, registran a Mario Duarte, quien fuera exsecretario de Inteligencia Estratégica de Guatemala durante el gobierno de Jimmy Morales, como presidente de Stryk Global para la diplomacia en América Latina, del mismo propietario y fundador.
Los servicios que se proporcionarán a Zury Mayte Ríos de Smith, se relacionan con asesoría en relaciones gubernamentales, relaciones con medios de comunicación, programación e implementación de comunicaciones con el gobierno federal de los Estados Unidos, funcionarios, medios de comunicación, empresarios y tanques de pensamiento en nombre del cliente para promover los principios y valores de libertad, derechos universales para participar en asuntos públicos, derechos de la mujer, valores familiares, conducción respetuosa de la política exterior y otras funciones adicionales sobre una base acordada. El monto de la asesoría no se especifica.
El reporte #206 de esta misma firma de septiembre de 2021 con el consultor Robert Stryk enumeran a diez clientes. Entre estos se encuentra Zury Ríos de Smith, junto con el gobierno de Kenia, partido democrático de Albania, African Energy Chamber, Terra Peregrin, S.A, Saro Spadaro, Ali Hadad, Ahmad Massoud, entre otros.
ASESORÍA MILLONARIA
Sonoran Policy Group es una firma de cabildeo dirigida por Robert Daniel Stryk. Uno de sus clientes es el Consejo Empresarial de Guatemala de Estados Unidos, con gastos totales de cabildeo suman US$240 mil hasta el tercer trimestre de 2021, de acuerdo con la página Opensecrets.org
En agosto de este año, el gobierno salvadoreño contrató el lobbying de la firma Sonoran Policy Group, de Stryk por US$450,000 por un periodo de seis meses. Es decir, US$75 mil mensuales. El contrato fue firmado por el jefe de inteligencia nacional, aunque horas después este fue cancelado por el presidente Nayib Bukele, de acuerdo con una noticia de AP.
En 2019, el reporte del fiscal general al Congreso de los Estados Unidos sobre la administración de los agentes extranjeros, para el periodo de enero a junio de 2019 reportó servicios para Guatemala con dos clientes.
Zury Ríos contrató los servicios de Sonoran Policy Group, con el objetivo de “promover el derecho de todos los ciudadanos guatemaltecos participar en elecciones libres y justas, en oposición a todos aquellos cuyo objetivo sea subvertir la voluntad de la ciudadanía de la Nación, tanto hacia dentro, como fuera de sus fronteras”. El informe cita gastos financieros no reportados.
Por su parte, la firma Barnes & Thornburg fue consultora para el gobierno de Guatemala con el objeto de mejorar las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Las finanzas reportadas por esta firma fueron de US$95,995.00 por un periodo de seis meses, que finalizó en marzo de 2019.
#PORTADADEHOY
Zury Ríos contrata firma en Estados Unidos para asesoría política ? [https://t.co/2wPio5PzlJ] pic.twitter.com/vnXf7BS1ym— Diario La Hora (@lahoragt) December 11, 2021
HERMETISMO
Las firmas Sonoran Policy Group, LLC y Stryk Global Diplomacy no respondieron a las preguntas de este medio en sus diferentes correos y números de teléfono, respecto a los servicios prestados a la excandidata presidencial, quien se perfila correrá en las elecciones de 2023 como presidenciable del partido Valor.
Tanto Zury Ríos como Luis de León, comunicador del partido Valor, informaron que no emitirán declaraciones sobre este tema por el momento.
La Unidad de Fiscalización del TSE, a cargo de Diana Paola Palencia, también se negó a ofrecer una postura, al cuestionar si los gastos efectuados en el extranjero deberían reportarse como gastos de campaña y en qué tiempo debió hacerse. Se indicó que la solicitud debía hacerse a través de la Unidad de Acceso a la Información. La respuesta se rechazó en dos ocasiones, con el siguiente argumento: “… lo requerido es un cuestionamiento o pregunta que no encuadra como materia de información pública, por lo cual le recomendamos dar lectura a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y su Reglamento, así como el Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas, el cual está contenido en el Acuerdo 306-2016 del Tribunal Supremo Electoral, principalmente el artículo 12”.
Los informes de las organizaciones políticas, como el partido Valor, hasta el tercer trimestre de 2021 solo reportan ingresos dinerarios privados de simpatizantes y afiliados nacionales.
R. ROSAL: ¿POR QUÉ HACER LOBBYING EN ESTADOS UNIDOS?
Para el analista político Renzo Rosal, el primer cuestionamiento que surge es por qué sería necesario hacer lobby en Estados Unidos a favor de Zury Ríos. Especialmente, bajo el argumento de que todo ciudadano tiene derecho a ser candidato. “Parte de la percepción es que, en ese país, tiene detractores, por tanto, al modificar esa percepción, facilitaría su candidatura”, opina.
Por otro lado, Ríos sabe que desde el punto de vista constitucional su candidatura es ilegal e inviable. De manera que, si se sigue la misma lógica usada para sacar a la CICIG de Guatemala, “si se aprieta en Washington, la viabilidad de la candidatura se incrementa”.
¿A quiénes va dirigido este lobby? ¿Hacia el gobierno y dirigentes demócratas que se sabe de antemano son opositores? O ¿bajo en el supuesto de que el presidente Joe Biden solo será de paso y que pronto regresarán los republicanos?
Para Rosal, el supuesto clave de este lobby es que saben de antemano que la inscripción de Ríos no será fácil, aunque el esfuerzo debería hacerse con los votantes.
A la pregunta de quién paga por este lobby, cuestiona si no serán los mismos anti CICIG, pro Jimmy y ahora pro Giammattei o las cuatro grandes corporaciones.
Sobre el análisis de la ilegalidad de este gasto, dice: “Es difícil situar ese gasto como financiamiento electoral. No solo por la falta de voluntad y poco peso del TSE, sino porque tal como está redactada la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) resulta difícil colocarlo como ilegal.
“Resulta difícil aplicar el artículo 20, quizás el artículo 21 ter, en el inciso a) punto 4: que dice: Fundaciones o asociaciones de carácter civil con carácter apolítico y no partidario. Se exceptúan las contribuciones que entidades académicas o fundaciones otorguen para fines de formación (…) aplicaría si se evidencia que un particular está pagando por estos servicios. Considera que probablemente también se podría encuadrar en el artículo 21 ter, incisos G y H.
M. MARROQUÍN: GASTOS DEBEN SER REPORTADOS
De acuerdo con Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, estos gastos deberían reportarse obligatoriamente. Especialmente, porque todas las piezas están alineadas para que Zury Ríos sea la candidata del partido Valor en la campaña de 2023.
“El TSE lo que hace es liberar todos los controles ya establecidos a los partidos políticos. Es decir, dejan un mercado libre electoral en el que obviamente se van a beneficiar quienes tengan más recursos, ilícitos incluso, para que tengan mayor ventaja competitiva en las futuras elecciones”, comentó.
