La Asamblea Social y Popular (ASP) presentó los hallazgos de la misión de verificación del cumplimiento de Derechos Humanos durante el Estado de Sitio decretado el 24 de octubre en El Estor, Izabal. El estudio exploratorio consigna testimonios y hechos suscitados entre el 27 y 31 de octubre, entre los cuales la asamblea destacó un ambiente de temor y criminalización.
Al concluir el Estado de Sitio en El Estor, el presidente Alejandro Giammattei en Consejo de Ministros decretó un Estado de Prevención por 15 días más. Los conflictos en el área giran en torno al proyecto minero Fénix y las acusaciones de las comunidades aledañas sobre su exclusión en el proceso de preconsulta para ejecutar la obra.
LA ZOZOBRA EN DISTINTOS PERFILES
Según describió Josué Chavajay de la ASP, las comunidades bajo la jurisdicción del Estado de Sitio expresaron particular miedo hacia las entidades policiales que vigilaban el territorio. Chavajay indicó que se pudo observar en ese período “una excesiva vigilancia por parte de vehículos militares y un hostigamiento policial en las comunidades”.
Este temor, contó Josué Chavajay, era más evidente en mujeres, niños y niñas. En el caso de las mujeres, mencionó que se sintieron acosadas por los oficiales, mientras que las juventudes se han abstenido de utilizar sus espacios públicos de recreación. “Los niños quizá no tienen espacios lúdicos; en los amplios terrenos se recrean, pero, por las constantes vigilancias que realizan las fuerzas policiales y militares estas se limitan”, explicó.
Por otro lado, el temor de la población masculina son las capturas de la Policía Nacional Civil (PNC) fuera de sus comunidades.
Un líder comunitario, entrevistado por la ASP, confesó que en la comunidad muchas personas optaron por detener sus actividades laborales con tal de resguardar a sus seres cercanos. “Preferimos no ir a trabajar por si acaso viene la policía a desalojar la comunidad, a violar a las mujeres como sucedió en el sector ocho”, declaró el líder.
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Esta persona también indicó a la ASP que, aunque esta es la temporada de siembra en la comunidad, algunos han optado por “perder las cosechas antes que le hagan algo a nuestros hijos y mujeres”.
SEÑALAN VIOLENCIA Y CRIMINALIZACIÓN
Chavajay agregó que durante el Estado de Sitio la PNC junto con el Ministerio Público (MP) efectuaron operativos que, desde su observación, presentaban actitudes racistas e ilegales. Respecto a ello distinguió que existió un trato diferenciado hacia los habitantes de las comunidades aledañas al proyecto minero Fénix en comparación a los habitantes del caso urbano de El Estor.
Asimismo, explicó que las rondas policiales fueron más frecuentes en las comunidades que en la cabecera municipal, además que la mayoría de cercos policiales fueron ubicados en los ingresos de comunidades. “Vemos cómo surge otra vez ese enemigo interno. El q’eqchi como una amenaza al desarrollo”, dijo Chavajay.
PERSECUCIÓN E INTIMIDACIÓN
Entre otros casos específicos expuso la captura de Edyardo Bin Poou, quien fue detenido el 27 de octubre “con una orden de detención emitida por el juzgado de turno de Puerto Barrios emitida en 2018, caso que ya había sido absuelto en mayo de 2019, por lo cual fue liberado al día siguiente”.
Además de esta, el informe de la ASP asegura que hubo órdenes de capturas excesivas, incluyendo allanamientos a los hogares de líderes comunitarios y autoridades ancestrales. “Ni con estas medidas de hostigamiento han logrado inculpar a los líderes comunitarios que pertenecen a la resistencia”, puntualizaron.
