Walter Juárez Estrada
Ninguna persona o autoridad ajena a los tribunales, puede arrogarse el poder de juzgar y ejecutar lo juzgado. La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, sustancia antejuicios contra varios jueces, a quienes se les imputan hechos en el ejercicio de su cargo. A la juez Erika Aifán y a Pablo Xitumul de Paz, supuestamente haber intimado con un arma de juego a un agente de la policía nacional civil, acusado de infringir el reglamento de tránsito en un día inhábil cuando conducía su vehículo con su familia.
Los relacionados togados han resuelto con estricto apego al derecho procesos de alto impacto, donde han sido imputados funcionarios, políticos y los que se han visto incriminados en actos de corrupción. A igual que los citados jueces sus colegas Miguel Ángel Gálvez y Yassmin Barrios y otros, han sido reconocidos por diferentes entidades, nacionales e internacionales como justos en sus sentencias y han sido víctimas de amenazas de muerte, persecución que desafortunadamente los magistrados de la CSJ. han hecho caso omiso, pese que tienen garantías internacionales.
Aifán y Xitumul han impugnado las resoluciones de la Cámara respectiva del alto Tribunal y se han lamentado que la Corte de Constitucionalidad, sea coparticipe de los actos espurios contra ellos, pues han apelado las resoluciones de dicha cámara, sin resultados, por lo que consideran que hay apadrinamiento en su contra. Piden que los antejuicios se rechacen, que las resoluciones sean públicas para que se juzgue de manera imparcial que las incriminaciones no tienen sustentación jurídica y deben ser rechazadas.
La independencia judicial está regulada en la Constitución y es aquí donde los magistrados que conocen los antejuicios deben sujetarse a la Carta Magna y no hacerle el juego a grupos que atentan contra la independencia judicial, la pulcritud y la vida de los juzgadores. Aifán y Xitumul han recusado a los magistrados Valdez Quezada y Orellana, a quienes acusan no ser imparciales.
Aifán es acusada de haber dado trámite a la acusación contra los magistrados de Sala que han sido sindicados por el Ministerio Público de estar relacionados con la comisión paralela 2019 para elegir a los magistrados de las futuras Cortes y es, ilegal que uno de los sindicados haya sido el juez pesquisidor que tiene interés directo contra la juzgadora y no es imparcial en sus resoluciones lo que deviene que el antejuicio contra dicha juzgadora y Xitumul, deben ser rechazados de plano y los magistrados que conocen esos procesos deben demostrar que prevalece la independencia judicial y que la Constitución política es clara y no hay lugar a retorcerla a voluntad de sujetos que solo buscan acusar a los juzgadores que en su trabajo, así como otros jueces como Silvia de León Santos y Carol Patricia Flores Polanco, han sido imparciales y no se han prestado a juegos sucios, ni a obedecer consignas políticas, como ha sido norma de los magistrados de la CJS. que ilegalmente han prolongado sus funciones más de los cinco años que regula la Carta Magna.
