Con la Ley de Avisos Electrónicos aprobada por el Congreso se afirmó que la intención era bajar los costos a los usuarios que ya no tendrían que publicar más que en el Diario Oficial y de manera electrónica todos los avisos requeridos por la ley, aprovechando las nuevas tecnologías que permitían realizar eso sin el oneroso gasto en tinta y papel. No se tomó ninguna previsión para asegurar que hubiera una plena certificación de cada aviso que se publicaba, de manera que no pudieran hacerse micos y pericos con ellos, ya sea mediante el cambio de fechas o mediante modificaciones en el texto que pudieran ser convenientes para quien solicitaba la publicación de su aviso.
La gran ventaja para el usuario era, según dijeron los promotores de la ley, la baja en los costos de los trámites judiciales o administrativos sujetos a la obligación de publicar avisos en diarios impresos. Pero resulta que al nada más entrar en vigor la normativa, en el Diario Oficial se produjo una modificación silenciosa de los aranceles para incrementar a más del doble el valor de cada publicación, con lo que el usuario resultó seriamente afectado porque ahora paga más por sus avisos y edictos en el Diario de Centro América, de lo que pagaba antes en el diario oficial y en un periódico particular.
Con el agregado, ya dicho, de que no hicieron ningún esfuerzo ni por desarrollar una eficiente plataforma que ofreciera plena certeza jurídica. Muchas veces se dieron casos de que errores en el texto original complicaban los trámites a realizar, pero no se podían simular los cambios porque estaba la otra publicación, la realizada en medios particulares, que servía de corroboración de la realidad. Hoy en día alguien interesado en “ajustar” su publicación sabe cómo con el Estado se pueden hacer esos ajustes y arreglos y podrían modificar no sólo textos sino las fechas en que se hicieron las publicaciones.
Existen medios de reconocimiento mundial para certificar sin lugar a ninguna duda el momento exacto en que se hizo pública alguna información digital y la misma no puede ser modificada de ninguna manera si mantiene la calidad de publicación “certificada”. Nosotros en La Hora tenemos contrato con certificadoras que, en caso de avisos legales, dan absoluta certeza sobre el contenido del texto y el momento exacto en que se produjo la publicación.
El diario oficial no ha desarrollado una tecnología eficiente para dar esa certeza jurídica plena pero sí aprovechó la ley que lo convirtió en monopolio para incrementar a más del doble el valor de las publicaciones, generando ingresos que harán de esa dependencia del Ministerio de Gobernación una atractiva presa dentro de los incontables esfuerzos que se hacen para exprimir la famosa ubre del Estado.
No hubo modernización ni el beneficio económico para los usuarios, argumentos ambos que fueron cacareados no sólo por el diputado Linares Beltranena sino por otros de sus colegas que se habían propuesto eliminar a La Hora por su papel inquisidor ante la corrupción galopante que se vive en el país. De manera que las tres intenciones quedaron frustradas porque ni se avanzó en la modernidad, ni se bajaron los costos al usuario, ni lograron eliminar a La Hora.
