Alvaro Pop
*LAO LI TENAMIT WANKO EERIK’IN EX QAKOMON AJ Q’EQCHI’.
Las decisiones de Estado deben ser debatidas y vistas con lentes de beneficio colectivo.
Las autoridades de gobierno y de administración pública deben analizar con sumo cuidado cuales son los beneficios concretos que, en el corto, mediano y largo plazo le traerá al país una decisión de magnitud mayor como las explotaciones mineras a cielo abierto o no.
Esa es la enorme responsabilidad de un jefe de Estado. Porque no es jefe de una banda, tampoco el líder de un cartel, ni el padrino de un sindicato. Tampoco el presidente de un consejo de administración, ni el representante de una organización no gubernamental. Es más que ser un jefe de familia. Por eso no debería llegar cualquiera. No deber mentir, no debe engañar, no quedarse con los vueltos ni darle vueltas a la realidad de la sociedad.
La lucha de los pueblos indígenas que empezó cuando inicio la colonización no ha terminado. Fue determinante su llegada en 1929 a la Sociedad de Naciones donde los expulsaron. Retornaron y se quedaron. Hasta el día de hoy, los dirigentes indígenas, los intelectuales, los visionarios, los activistas por un mundo mejor han conseguido modificar el enfoque del derecho internacional para que incluya los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Y Guatemala en el concierto de naciones ha ratificado, incluso impulsado en el Grupo de Amigos de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas herramientas muy importantes como la Declaración Americana para los derechos de los PI, la Declaración de UN, el Convenio 169 de la OIT, entre los mas influyentes. Nos hemos ganado un reconocimiento mundial en la diplomacia de los derechos humanos, especialmente en Naciones Unidas porque nuestros diplomáticos han luchado por los derechos de los PI. Pero nos falta ejecutarlo en el país con nuestra propia gente. Esta es una deuda pendiente. Grave.
Hoy el Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo, y entre otras agencias de UN la FAO, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola tienen políticas que salvaguardan los derechos de los pueblos indígenas.
El mundo nos está observando.
La legislación nacional e internacional nos obliga como Estado a cumplir con el Convenio 169 ratificado por el Congreso de la Republica y en consecuencia es ley de la republica Artículo 4.1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Sin excusas.
Los ciudadanos indígenas dicen NO a la minería. Debe respetarse cumpliendo con el Artículo 6. 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente…” No cumplir es violación de derechos humanos.
Las comunidades Q’eqchi’ de El Estor solo exigen el cumplimiento de la ley. Merecen eso y una reparación.
*Nosotros el pueblo, estamos con Uds. hermanos Q’eqchi’.
