Sandra Xinico Batz
Hostigamiento, violencia, despojos y criminalización, es lo que las comunidades de pueblos originarios reciben cotidianamente del Estado. Los desalojos son una evidencia material de que el genocidio continúa, de que el racismo es el principal móvil de la impunidad y de la injustica que se encarna en contra de los pueblos. Nuestras tierras nos han sido robadas una y otra vez, nuestras antepasadas y nuestros antepasados tuvieron que comprar más de una vez la tierra que les pertenecía, aún así los despojos no terminaron.
No, no son suficientes las leyes, porque estas son controladas y retorcidas por quienes han provocado históricamente los robos de nuestras tierras, las acumulan para acumular riqueza, las quitan con violencia para amedrentar a los pueblos, para que no se resistan, para infundir miedo y que las comunidades dejen de organizarse para defender su territorio.
Para el Estado los enemigos son los pueblos originarios, porque al defender la tierra y la vida que en ella habita, se convierten en un obstáculo, en un estorbo que no permite que el ciclo de despojo y acumulación se lleve a cabo a totalidad y sin ningún problema; el Estado pone su institucionalidad al servicio de las empresas extractivas para que este ciclo se dé a cabalidad, su papel es proteger el capital de los ricos y para esto despliega al Ejército y a la Policía, para que resguarden los intereses de los poderosos y se ensañen con extra violencia contra los pueblos. Sí, así de servil es el Estado, así de serviles son la Policía y el Ejército.
¿Qué mejor evidencia de esto que lo ocurrido el martes en el Congreso de la Republica? Los veteranos del Ejército provocaron destrozos con el beneplácito de la Policía Nacional Civil, que no solo no reaccionó de la misma manera que cuando se trata de la población civil o de las comunidades, sino que permitió o dio tiempo para que dichos destrozos se realizaran, sin que haya consecuencias reales; tampoco vimos que llegara el alcalde Quiñónez a reconocer a algún cuque para que este fuese detenido por las destrucciones provocadas.
Cuando se trata de los pueblos se arremete con violencia; así reaccionó la Policía ayer en contra de la resistencia pacífica que la población q’eqchi’ mantiene en El Estor, Izabal, para defender su territorio que ha sido invadido por empresas extractivas, que solo han sabido provocar conflictos y problemas a las comunidades. La Policía disparó gases lacrimógenos al cuerpo de niños, ancianos, mujeres y hombres que no estaban armados; el contingente de antimotines accionó con violencia en contra de las comunitarias y comunitarios como no lo hizo con los veteranos militares.
Desde días antes la Policía Nacional Civil ha estado rondando por el área, hostigando, ejerciendo violencia psicológica en contra de las personas que resisten, porque se sabe que un desalojo implica destrucción, violencia, capturas y hasta muertes. Como en tiempos del Conflicto Armado Interno, se destruyen casas, se quema el patrimonio de las personas, la gente huye a las montañas.
