Ayer las autoridades del Ministerio de Educación se negaron a informar sobre las negociaciones que tienen con el Sindicato de Joviel Acevedo, aduciendo que se trata de asuntos confidenciales que no pueden discutir públicamente, no obstante que la Constitución de la República en su artículo 30 establece que todos los actos de la administración son públicos y que los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Necesario es decir que la tal garantía de confidencia no es un asunto que dispone por sí y ante sí el funcionario para tapar sus negocios, sino que debe responder a una absoluta necesidad de preservar alguna clase de informaciones.
Es patético lo que pasa porque no estamos hablando de unos cuantos centavos sino de miles de millones de quetzales que, por cierto, no se traducen en una mejora constante de nuestro sistema educativo, sino que ocurre todo lo contrario. Mientras más poderoso el sindicato que dirige Acevedo, más relajado el régimen de trabajo para todos los educadores que están afiliados y de esa cuenta es que vemos todos los años cómo retrocede la capacidad de nuestra niñez y juventud para adquirir conocimientos y prepararse para la vida.
Estamos llegando a un punto en el que cualquier persona que hace negocios con el Estado puede disponer que hay un acuerdo de confidencialidad para evitar la fiscalización que según la Constitución corresponde (aunque sea sólo en la letra muerta de la ley) a la Contraloría de Cuentas que tiene la obligación de fiscalizar el manejo de todos los fondos públicos, aún lo que hagan particulares que en sus operaciones utilicen recursos del Estado. En otras palabras, la Contraloría de Cuentas por supuesto que tendría que ser parte de cualquier proceso de negociación de los famosos pactos colectivos porque tendría que verificar el buen uso que se hace del dinero que es de todos los guatemaltecos, pero tal y como se vienen dando las cosas, los acuerdos de confidencialidad la dejan fuera, como pasa con el negocio que se hizo con la vacuna rusa.
Ningún contratista del Estado debiera alegar acuerdos de confidencialidad porque los mismos son únicamente una tapadera para encubrir los trinquetes que aquí se hacen con todo descaro. Yo siempre he creído en la necesidad de un magisterio bien pagado porque creo que el maestro es pilar del desarrollo futuro del país, pero cuando se obtiene ese pago justo a cambio de que se reducen las obligaciones para formar bien a nuestra niñez y juventud, siento que se está produciendo una trágica traición a la patria porque más allá de la corrupción de todo un gremio, lo que vemos es que se condena a millares de integrantes de las nuevas generaciones a una formación deficiente que será obstáculo para alcanzar su desarrollo.
Lamentablemente el dinero fácil es más atractivo que la vocación que antaño tenía el maestro y por ello se requiere el secreto y la confidencialidad para salvaguardar ese privilegio de ganar más sin rendir más.
