Esta mañana autoridades de la comunidad q’eqchi’ se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un amparo en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Según expuso el grupo, la solicitud radica en que la cartera no ha respondido a las demandas comunitarias en el proceso de preconsulta por el proyecto minero Fénix en Izabal.
Como consecuencia de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (expediente 697-2019 del 18 de junio de 2020), se ordenó la suspensión del proyecto minero Fénix y la realización de un proceso de preconsulta entre el Ministerio de Energía y Minas y las comunidades de Izabal. Además, el fallo de la corte estableció la reducción del proyecto minero de 247.9 kilómetros cuadrados a 6.29.
LAS DEMANDAS NO HAN SIDO ESCUCHADAS
Según declararon los representantes de la comunidad q’eqchi’ en Izabal, este proceso de diálogo bilateral entre los pobladores y el ministerio no ha atendido las peticiones de los pueblos indígenas. “Al MEM le urge realizar la consulta como un mero proceso administrativo, discriminando a las legítimas autoridades de las comunidades, vulnerando a todas luces el correcto desarrollo de la preconsulta”, dijo uno de los representantes.
Desde las afueras de la Corte Suprema de Justicia los ciudadanos expusieron que el proceso ha sido ejercido supuestamente “de mala fe” por parte del viceministro de Desarrollo Sostenible, Oscar Pérez, al “otorgarse la potestad de distinguir quienes pueden ejercer ese derecho -a la consulta-”, según documentó la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER).
Sumado a lo anterior, agregaron que el proceso de preconsulta ha incumplido con los estándares del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo cual consideraron el proceso como ilegal.
SOLICITAN LA RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS
En este contexto, los ciudadanos q’eqchi’ exigieron la restitución del derecho a ser consultados y participar en el proceso de diálogo con el MEM, asimismo, solicitaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) verificar el cumplimiento de la sentencia de la CC.
“Si el Estado de Guatemala no toma una acción con base en las sentencias de la corte, nosotros como indígenas tomaremos las acciones, pero condenamos al Estado de Guatemala, quien no vela por el bienestar de nuestro pueblo del Estor”, dijo una de las autoridades presentes.
Al finalizar el pronunciamiento las autoridades indígenas se declararon en asamblea permanente para analizar las acciones necesarias a tomar.
MEM: COMUNIDADES DENUNCIANTES ESTÁN FUERA DEL ÁREA INFLUENCIADA
Por otro lado, el viceministro Oscar Rafael Pérez declaró que han recibido solicitudes de dos grupos respecto al proyecto minero, pero estas no han sido correspondidas ya que los pobladores habitan en áreas fuera de la delimitada para las consultas.
“Este Ministerio recibió dos solicitudes de un grupo de personas que indican representar a varias comunidades de los municipios de El Estor en el departamento de Izabal y de Panzós en el departamento de Alta Verapaz; sin embargo, posterior a un análisis técnico se estableció que la mayor parte de estas comunidades están fuera del área de influencia del proyecto”, explicó la cartera.
Del mismo modo, señalaron que las personas que presentaron las demandas se identificaron como individuos particulares y no como institución representativa del pueblo maya q’eqchi’.
“Aunque encontramos que estas solicitudes no cumplen con las pautas dictadas por los tribunales de amparo, estamos comprometidos a que las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia sean invitadas a participar posteriormente en el proceso, situación que será planteada al pleno de la mesa de pre-consulta (sic) conformada”, comunicó el MEM.
ANTECEDENTES DEL CASO
En febrero del 2019 la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia a favor de la población q’eqchi’ y ordenó al MEM iniciar los procesos de preconsulta con la comunidad previo a ejecutar el proyecto Minera Fénix en parte de Izabal y Alta Verapaz.
Sin embargo, este proceso fue aplazado y en junio del 2020 la Corte de Constitucionalidad ordenó la delimitación del espacio para el proyecto y la ejecución del proceso de preconsulta con un plazo de 18 meses. La primera preconsulta fue convocada para el 15 de julio del 2021.
