Samuel Flores
La denominada “amiga” por el presidente, inició la semana señalada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como una de las siete “funcionarias centroamericanas marcada de socavar la democracia y obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción”. Como era de esperar el presidente Alejandro Giammattei salió a defenderla en su cuenta de Twitter y el Ministerio Público en un comunicado rechazó los señalamientos.
La postura del gobierno estadounidense es recibida con beneplácito por la sociedad civil, organizaciones indígenas y campesinas, y una población hastiada del avance del “Pacto de Corruptos” que tienen sitiado el Congreso, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior Universitario.
El mensaje es directo para el “amigo” de la fiscal que con aval de industriales, comerciantes, agricultores y entidades financieras, tienen cooptadas las instituciones del estado. El Pacto de Corruptos designa magistrados “oficialistas” ante la CC, destituyeron al ex fiscal de la FECI Juan Francisco Sandoval, y últimamente el asedio contra la juez Erika Aifán.
Ante la declaración del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, el mandatario que ahora luce una pérdida de peso “inducida”, no “voluntaria”, recibe un mensaje tajante: Estados Unidos donó 4.5 millones de dosis para combatir el COVID-19: esa donación le salvó el puesto. Recibió la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, distinción que también abonó para que siga en el cargo. A estas instancias le quedan pocos cartuchos al “amigo” de la fiscal.
Sin embargo, parece no entender pues el pacto de corruptos continúa el asedio desde la CC contra la juez Aifán. Los magistrados titulares Roberto Molina Barreto, Leyla Lemus (ex secretaria general de la presidencia), y los suplentes Rony López, Claudia Paniagua y Luis Rosales (designado por el presidente del congreso Allan Rodríguez), revocaron un amparo provisional que detenía el trámite de antejuicio contra la jueza de Mayor Riesgo Erika Aifán.
Hoy es la señora Porras: mañana pueden ser magistrados y demás funcionarios que integran la “rosca” del gobernante los que integren la lista de personas no elegibles para visas y admisión en Estados Unidos.
Los ataques y excesos en contra de funcionarios anticorrupción son sistemáticos, evidentes, constantes, y la sociedad los observa. Considero que la declaración del Departamento de Estado no soluciona la situación de corrupción y despilfarro del gobierno del partido VAMOS, -más en tiempo de pandemia-; sin embargo; vemos que Estados Unidos está comprometido en apoyar a las naciones del norte de Centroamérica fortaleciendo la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas.
Mi respaldo y respeto a la jueza Erika Aifán que lucha contra la corrupción y la impunidad, uno de los últimos bastiones clave para un futuro mejor, una Guatemala libre de desigualdad, de explotación, con la que anhelamos heredar a nuestros hijos, nietos y a la población, principalmente, del área rural que durante siglos ha sido marginada y explotada.
