Pedro Pablo Marroquín Pérez
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@ppmp82
El miércoles 18 de agosto quedará grabado para muchos como el día en el que se dieron hechos concretos que nos permiten ver que hay gente con ganas reales de convertirnos en una dictadura en la que la ley sirva solo para los intereses de quienes ostentan el poder formal y de sus amos que no se ven. Hay gente que anhela vernos como Nicaragua, para “tener pleno control”.
El Estado de Calamidad, guste o no, perdió vigencia porque no se cumplió con el plazo de 3 días que manda el artículo 138 de la Constitución. “Además, en el propio decreto, se convocará al Congreso, para que dentro del término de tres días, lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe”, dice la Carta Magna.
Es clarísimo, no deja lugar a dudas y aún así, el Congreso sigue adelante (con quórum cuestionable) porque como dijo alguien ayer: “debemos aprobarlo, aunque sea de manera ilegal, porque la Corte de Constitucionalidad (CC) nos va a amparar”.
¿A qué se referían? Que sabiendo que se tiene a Roberto Molina Barreto, a Leyla Lemus, a Dina Ochoa, a Néster Vásquez, a Luis Rosales, Rony López, a Carolina Paniagua, pueden animarse a ilegalidades que los magistrados van a encontrar la forma de presentarse al juego y decir que el Estado de Calamidad “fue legal”.
En el mismo día, le otorgan un amparo a la Fundación Contra el Terrorismo, cuyos principales recaudadores han sino nominados por Estados Unidos y digo que se prestan a cualquier cosa porque la CC resuelve en contra de la designación de Gloria Porras, pero tienen ahí sentado a Rony López que fue electo por medio del mismísimo proceso. No les importa el doble rasero para juzgar hechos iguales de manera diferente y ni se esmeran en ocultarlo.
Y para ir avanzando en la estrategia Ortega-Murillo, Consuelo Porras se asegura que más expedientes pasen a las manos que más le gustan en la agencia 8 de la FECI dónde está su consentido y busca manera en la que Cinthia Monterroso y Rafael Curruchiche sean los cerradores necesarios para asegurar las tranquilidades que Porras les ofrece a quienes hoy son sus amos.
Los rusos que quieren el puerto se aseguran de ir avanzando porque el modelo que se siguió con TCQ esperan que quede, junto con otros, en impunidad. Los rusos saben cuál fue la llave que abrió TCQ y han usado el mismo mecanismo para asegurar que su principal operador en Guatemala sea el mismísimo Presidente de la República.
Estos eventos nos deben poner las barbas en remojo. Hay gente con intenciones reales de que en Guatemala se perfeccione el modelo de Nicaragua en el que el MP sirve de brazo represor del poder de turno, en el que la corrupción y la impunidad se alían al narcotráfico, en el que los empresarios que operan al margen de la ley, tienen más ventaja y mientras el que lucha y se esfuerza, se la ve a palitos.
En medio de la crisis y los esfuerzos para consolidar un sistema que no es bueno para los negocios honrados, hay oportunidades para articular, pues veo una Guatemala con ganas (parafraseando a Colosio) de enderezar el rumbo. Veo una camada de ciudadanos que entienden los costos que implica seguir en este camino.
Vendrán más esfuerzos para dividirnos, más esfuerzos para que no alcancemos acuerdos, pero necesitamos trazar hojas de ruta que toquen las fibras del sistema y el punto de partida (pero no final) debe ser la renuncia de Consuelo Porras.
Se viven momentos complicados, pero hay oportunidades y esta vez, no podemos fallar.
