Juan Francisco Sandoval fue removido de su cargo de la FECI, el pasado 23 de Julio del presente año. Foto: La Hora

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externó su preocupación ante los actos que pueden estar debilitando la independencia judicial en Guatemala y recordó al Estado que es su obligación protegerlos.

A través de su cuenta de Twitter, la Comisión expresó, “urge al Estado priorizar la lucha contra la impunidad y corrupción, respetando el sistema de justicia independiente e imparcial”.

Además, emitió un comunicado en el que indica que, luego de conocer la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, recibió información que esa acción responde a que objetó por escrito a una instrucción verbal.

“Según fuera informado a la CIDH, la destitución sería arbitraria e ilegal, y colocaría en entredicho el compromiso del Estado de Guatemala con la lucha contra la corrupción debido al incumplimiento de los estándares internacionales en materia del debido proceso legal y a las causales establecidas en la normativa nacional para la destitución de funcionarios de carrera”, agregó.

La CIDH agregó que denota que la destitución de Sandoval es un debilitamiento de la independencia de los operadores de justicia, “la Comisión nota con preocupación que la destitución del titular de la FECI ocurre en el contexto de un conjunto de acciones que tienen como efecto debilitar la independencia de las y los operadores de justicia y, por consiguiente, representan severos retrocesos en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país”.

HOSTIGAMIENTO CONTRA OPERADORES DE JUSTICIA

Según la CIDH, durante el 2021 recibió información sobre la criminalización y persecución judicial contra jueces, juezas, fiscales, ex fiscales, magistradas y magistrados como forma de hostigamiento, debido al trabajo de investigación o juzgamiento de estructuras criminales vinculadas con el poder político y económico, casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado; o bien, porque en su momento apoyaron la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) en el país.


“Preocupa particularmente, la grave y permanente situación de criminalización de jueces y juezas con competencia de Alto Riesgo en Guatemala, entre ellos, Pablo Xitumul De Paz, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Iris Yassmin Barrios Aguilar y Erika Lorena Aifán Dávila, todas personas beneficiarias de medidas cautelares de la Comisión Interamericana”, destacó.

En este sentido, la CIDH instó al Estado a cumplir con la obligación de proteger a los operadores de justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamientos, investigando a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionándolos efectivamente.

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