Jorge Santos
El actual Estado guatemalteco no es más que el resabio de la colonia. Esta dependencia ha marcado la historía del país, los mecanismos de explotación, la continuidad de la opresión y la perpetuidad del racismo. Los supuestos intentos por modificar la condición colonial sucedidos desde el siglo XIX, la independencia (1821), la creación de la República (1847), y la Reforma Liberal (1871) no hicieron más que refuncionalizar los mecanismos de dominación instaurados durante la colonia. No es sino hasta la primera mitad del Siglo XX que se alcanza una oportunidad de superar la tara colonial. Fue la Revolución de Octubre en 1944 y la década en la que duró la primavera democrática que se plantea el único esfuerzo verdadero por modernizar el existente Estado, hacia uno que creara las bases para el desarrollo económico, social y político de la población.
La invasión de Estados Unidos de Norteamérica y la contrarevolución de 1954 trajeron consigo la ruptura del modelo social y democrático implementado en la década anterior. Las consecuencias graves de la contrarevolución se ampliaron al cierre de espacios de participación política que redundaron en el surgimiento y radicalización de algunos sectores de la población generando polarización social. Estos eventos condujeron al inicio de un conflicto armado interno que se prolongó durante treinta y seis años. Durante ese período se privilegiaron estrategias estatales y de conducción política vinculadas con el anticomunismo (1954-1966) y la contrainsurgencia (1966-1996). El Estado guatemalteco, más claramente dicho: el sector político en alianza con la élite económica y las cúpulas militares invirtió recursos en el sostenimiento de la guerra, limtiando la inversión social imprescindible para la modernización y el desarrollo económico. La política de terror del Estado concluyó con doscientas mil víctimas, crímenes de lesa humanidad, reducción del espacio cívico. Desde entonces han predominado en los círculos de administración pública grupos criminales que gestionan el gobierno al servicio de la oligarquía guatemalteca. Vestidos de militares, de trajes ejecutivos, o finas sotanas se han dedicado a proteger, sostener y ampliar los privilegios de los herederos de la Colonia.
La CICIG, la FECI, valientes Fiscales Generales y Jueces evidenciaron esas alianzas criminales y nos recordaron que es imprescindible hacer justicia para garantizar la libertad del pueblo. Ante esta amenaza a sus interes, las mafias articuladas nos han hecho retornar al impune régimen absolutista, plagado de corrupción, violencia racista, y pobreza.
Detener el imperio de la herencia colonia es una posibilidad simbiótica con la construcción de un nuevo Estado anticapitalista, antipatriarcal y poderosamente plurinacional. Impulsamos un proceso amplio de articulación entre los movimientos sociales, populares y ciudadanos. Nos desligamos de sectarismo pueril y protagonismos sin sentido. Priorizamos la transformación del Estado guatemalteco; su liberación de las alianzas mafiososa. Somos hombres, mujeres, jóvenes, población LGBTIQ+, campesinas y campesinos, Pueblos Indígenas, población con discapacidad, trabajadores. En el campo y en la ciudad es la voz de los excluidos, las y los marginados, la que anuncia la nueva sociedad que nos da cabida y en la que todos se levantarán.
