La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) recordó este sábado un comunicado en el que diferentes organizaciones solicitaron la reinstalación de Juan Francisco Sandoval, extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quien fue removido de forma “ilegal y arbitrariamente” por la fiscal general María Consuelo Porras.
Desde su cuenta de Twitter, la organización destacó que la destitución de Sandoval representa una seria amenaza para la lucha contra la impunidad y corrupción en Guatemala.
“Así como una señal del entorno cada vez más hostil y peligroso al que se enfrentan los operadores de justicia” y defensores de derechos humanos en el país.
Por medio de un comunicado organismos internacionales rechazan la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la FECI y piden que sea reinstalado. https://t.co/46bjrDldRS
— Diario La Hora (@lahoragt) July 31, 2021
Además, destacaron que se viola la garantía de inmovilidad establecida en la Ley Orgánica del Ministerio Público, “esta decisión viola los estándares internacionales sobre la estabilidad de los cargos fiscales y el debido proceso requerido para su remoción”.
En ese orden, reiteran su rechazó al despido de Sandoval y recuerdan el deber de garantizar la integridad de las investigaciones anticorrupción las cuales se encuentran en riesgo, por ello, remarcaron que el gobierno de Guatemala debe promover la seguridad del exfiscal, así como respetar el Estado de Derecho.
EL COMUNICADO FUE FIRMADO POR VARIAS ORGANIZACIONES
El comunicado al que hacen referencia fue firmado por varias organizaciones de sociedad civil de la región entre ellos Wola, Latin America Working Group, American Jewish World Service, Impunity Watch, Protection International Mesoamérica, GHRC, Abogados sin Fronteras, Plataforma Internacional contra la impunidad, CEJIL, Robert F. Kennedy Human Rights.
En el documento manifestaron su rechazo a la destitución de Sandoval y expresaron que representa un duro golpe al Ministerio Público y la lucha contra la impunidad en Guatemala.
También mencionaron la destitución violenta el derecho internacional, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido enfática en señalar que la separación del cargo de un fiscal debe obedecer exclusivamente a causales permitidas, faltas de disciplina graves o incompetencia y que se requiere de procedimiento previo justo, objetivo e imparcial conforme a la Constitución o la ley.
