Alfonso Mata
Desde hace décadas, probablemente desde finales del gobierno de Vinicio Cerezo, la confianza en la democracia y a partir de ello en el liderazgo político ha ido disminuyendo en nuestra patria continuamente. En marzo, cuando se impusieron las medidas antipandémicas por el presidente Giamattei, la gente actuó positivamente: más por temor que por responsabilidad y convencimiento ciudadano; pero acató y el presidente y su gabinete lograron índices de aprobación popular para una acción decisiva contra la COVID-19. Podemos decir que la voluntad del presidente para comunicarse y la presencia constante de los medios, generaron confianza. Seis meses después, el escenario era otro; su popularidad se había desplomado, fruto de una mala dirección de gobierno y apoyo a las fuerzas tildadas de oscuras y corruptas, tomando su lugar el chisme y la desinformación. Casi ningún guatemalteco ve ahora informes oficiales de prensa o trasmisiones en los canales de televisión y si los ve, no los cree. Se publican sobre la pandemia y el país, datos que son solo parcialmente creíbles, porque a menudo ha habido información contradictoria o la cambian con mucha frecuencia. Además en las redes sociales, la desinformación sobre el coronavirus es a menudo desenfrenada, se trate de información científica, política o social.
Como consecuencia, desde el más alto nivel de toma de decisiones hasta el accionar de las unidades ejecutoras y de estas con la población, todo el mecanismo antipandémico, las normativas y acciones gubernamentales en pro del control de la pandemia, han funcionado inadecuadamente y a su vez, tampoco ha existido una buena coordinación del gobierno con la comunidad científica y profesional. Esto en resumidas palabras culminó en una falta de organización, control político y social sobre de la pandemia y fortaleció sus consecuencias de todo tipo. Los resultados negativos de ese accionar incorrecto están a la vista.
Si a lo anterior sumamos una administración que también enfrenta acusaciones de corrupción, favoritismo y cooptación de la justicia; que las inversiones nacionales para la lucha contra la pandemia han sido motivo de malos manejos y robos, podremos entender mejor la indiferencia social y sumar a ello una falta de responsabilidad para cumplir con lo que corresponde. Lo anterior a su vez, favorece la presencia de opiniones populares anti-COVID, que niegan la existencia o el peligro del virus y que favorecen que este extienda; esto también se refleja en las actitudes hacia la vacunación: una buena cantidad de la población opuesta a ella.
Pero el detonante mayor ha sido la falta de trasparencia en la adquisición y distribución de vacunas y ante ello, el gobierno solo ha puesto a disposición información incompleta y cuestionable en cuanto a credibilidad ya que las preguntas, especialmente las críticas sobre su compra, adquisición y distribución, no han sido respondidas.
En resumen: el error número uno del gobierno fue politizar el virus y la COVID-19, sin acompañar eso de una verdadera estrategia técnica y organizativa de lucha en todos sus aspectos y campos: social económico y salubrista. En la agitación de la formación del nuevo gobierno, los políticos estaban interesados principalmente en usar el virus para su propio perfil y conveniencia, dejándose llevar por lo personal y afectivo, sobre lo científico y organizativo.
Por otro lado, la pandemia cayó sobre una nación abrumada de problemas socioeconómicos y con clara carencia de dirigencia adecuada, que con el correr de la pandemia, ha perdido el interés en la misma. Otros acontecimientos políticos actuales de interés nacional e internacional se agudizan y recuperan su espacio informativo y en estos momentos, hay una falta de voluntad política y continúan produciéndose errores sistemáticos en la organización y manejo de la situación pandémica y de salud. De tal manera que actualmente el gobierno con sus medidas, causa molestia.
Sabemos que la estructura actual de gobierno para fortalecer el sistema de salud adolece de varios faltantes: a nivel nacional, no existe ni siquiera una estrategia discernible para la renormalización del sistema de salud mucho menos su fortalecimiento, ni una visión a mediano o largo plazo a gran escala, ni un plan de acción a corto plazo. Covid-19 parece ser utilizado deliberadamente por el gobierno para hacer “negocios” pero no para resolver problemas. El virus sirve de pretexto a no desarrollar políticas y planes nacionales. Sirve de chivo expiatorio del empeoramiento de la situación de la economía y las finanzas nacionales. Fuera del sector privado, que presentó un plan para la reanudación de las actividades económicas, otras instituciones o mejor dicho ni la academia ni la sociedad civil han presentado propuesta integral alguna al respecto para una reactivación social y política con equidad. En el corto tiempo, no se vislumbra una estrategia consistente y coherente por parte del gobierno y la sociedad y por consiguiente, el sistema de salud seguirá viviendo en crisis.
Tampoco existen condiciones nacionales para operar un plan nacional de desarrollo. En medio de la crisis pandémica, el empoderamiento de los sistemas judiciales y de justicia de parte de la corrupción estatal y privada ha crecido y la impunidad política se ha fortalecido otorgada en gran parte, por la colocación de personajes siniestros y oportunistas en puestos claves e importantes del gobierno que conduce a violaciones, injusticias y corrupción mayor. El coronavirus ha sido utilizado como legitimación de la corrupción y con éxito y ante ello, es muy probable que la respuesta inconsistente del gobierno al COVID-19 sea con premeditación, en aras de conseguir beneficios propios.
De tal manera que el gobierno con excepción de la vacunación, ha dejado la responsabilidad de la COVID a los ciudadanos, quitándose de encima cualquier responsabilidad sobre complicaciones y muertes por COVID-19. Las autoridades introducen medidas ad-hoc que carecen de una dirección claramente definida. Ello a pesar de que los expertos en salud, economía y otras instancias, han hecho sonar la alarma de empeoramiento de la salud y la economía en amplios sectores de población. La propagación incontrolada entre la población del virus y a la vez de otras enfermedades, sigue su curso ascendente.
Ante lo planteado, resulta más que evidente, el peligro de un daño permanente al orden democrático, una amenaza a este a través del fortalecimiento de los procesos de corrupción a nivel central y municipal y como consecuencia, la crisis de la salud no es más que un elemento que suma dentro de una crisis nacional. La política gubernamental en este aspecto, es bastante caótica y no contiene medidas a muy corto plazo.
El otro problema que incumbe a la salud es la pobreza. Cerca del 70% de la economía es informal; desempleo, alto nivel de corrupción y violencia (no son claros los estudios nacionales al respecto) atacan a todos los sectores de la sociedad y la política gubernamental, no ha sido capaz de contener la situación económica, que además de la inflación, está aumentando el número de desempleados y por tanto, la pobreza. ¿Está la economía y la salud como olla de presión ya caliente y a punto de explotar? El panorama parece decirnos que sí. Por tanto, es probable que la pobreza siga aumentando y la salud de la población vaya en franco deterioro ¿hasta cuándo aguantará la situación? La decisión está en manos de la población.
