El Congreso de la República ha relegado por años propuestas de ley que plantean mejoras para la economía del país, así como del cuidado del medio ambiente, entre estas: Ley de Competencia, Ley de Aguas y Ley de Desechos Sólidos, incluido el Acuerdo de Escazú.
Y de acuerdo con información obtenida por La Hora, tales leyes seguirán relegadas y no serán aprobadas en esta legislatura debido un acuerdo que existe entre la alianza oficialista del Congreso.
Una fuente con conocimiento del tema, que pidió no ser citado por nombre debido a lo delicado del asunto, indicó que existe un acuerdo entre particulares y los Organismos Legislativo y Ejecutivo para que no se aprueben estas leyes, ya que estiman que, en caso de ser aprobadas, las mismas les pueden perjudicar en sus actividades.
La fuente explicó que, en el marco de la pandemia, “se abrieron espacios que no se habían dado en la campaña y entre algunas colaboraciones, se acordó que ciertas leyes eran perjudiciales para ciertos intereses y que no debían ser aprobadas. Por eso es que el pacto oficialista las ha relegado y no vemos muchas voces de aliados al poder de turno, pidiendo que las mismas se aprueben”.
De acuerdo con la fuente, las leyes que se acordó no aprobar son la Ley de Competencia, Ley de Aguas, Ley de Desechos Sólidos y el Convenio de Escazú, así como normativas de carácter impositivo.
“Las leyes que sí aprobarían es la Ley de Zonas Francas, Ley Antitrámites y se derogaría el Acuerdo Gubernativo 189-2019, que establece la prohibición del plástico de un solo uso. Asimismo, buscarían aprobar reglamentos a lo interno del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social”, indicó la fuente.
En el caso de las leyes de Zonas Francas y Antitrámites ya fueron aprobadas por los diputados del Congreso de la República. Ambas forman parte del paquete de leyes para la reactivación económica que impulsa el partido oficial VAMOS.
LAS LEYES QUE SÍ APROBÓ EL OFICIALISMO
La alianza oficialista del Congreso, conformada por bancadas que apoyan al partido oficial VAMOS, aprobó el pasado 12 de mayo las reformas a la Ley de Zonas Francas, la cual establece un régimen especial de tributación a determinadas actividades económicas. Por ejemplo, centros de recreación y hoteles.
El Decreto 6-2021 fue aprobado por 84 diputados que votaron a favor, 16 votaron en contra, 48 fueron registrados ausentes y 12 contaban con licencia.
Los bloques que aprobaron la referida ley fueron Vamos, Todos, Creo, Valor, UCN, Bien, Viva, UNE de la facción del diputado Estuardo Vargas, FCN-Nación, PAN, Humanista, Unionista, Prosperidad Ciudadana y Victoria.
Anteriormente, el 5 de mayo, los aliados del oficialismo también aprobaron la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, conocida como Ley Antitrámites, que contempla agilizar los trámites con dependencias del Organismo Ejecutivo.
En esa ocasión el Decreto 5-2021 fue aprobado con 82 votos favorables de diputados de las bancadas antes mencionadas y de URNG-Maíz y Semilla; 12 votos fueron en contra, 51 ausentes y se registraron 15 licencias.
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Pacto en el Congreso para no aprobar cuatro leyes
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LEY DE COMPETENCIA, LA PRIMERA QUE NO SE CONTEMPLA APROBAR
El principal fin de la Ley de Competencia es eliminar el monopolio de algunas empresas en el país y crear condiciones de libre competencia de mercado, para beneficio de los consumidores.
“La presente ley tiene como objeto promover y defender la libre competencia, para fortalecer la eficiencia económica en la búsqueda del bienestar del consumidor. Así como prevenir, investigar, combatir, perseguir y sancionar las prácticas anticompetitivas, las concentraciones irregulares y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en beneficio de los consumidores”, dice textualmente el objeto de la ley.
Esta iniciativa fue presentada el 11 de mayo de 2016 por los entonces diputados Álvaro Adolfo Velásquez (QEPD), Arístides Baldomero Crespo Villegas, Carlos Alberto Barreda Taracena y José Inés Castillo Martínez.
Dos años después, la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso, presidida en ese momento por Barreda, le dio dictamen favorable; el 10 de abril de 2018 el Congreso le dio trámite al primer debate, desde entonces los diputados no han vuelto a discutirla.
El actual jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Barreda, explica que la Ley de Competencia establece crear una entidad autónoma, independiente, libre de presiones políticas y económicas, encargada de promover y mantener la libre competencia de mercado, la cual se denominaría Superintendencia de Competencia.
Esta Superintendencia, detalla Barreda, se encargaría de prohibirle a las empresas a tener prácticas anticompetitivas, por ejemplo, la concertación de precios.
Una de las prácticas que más perseguiría esta entidad es la conformación de “carteles” en el mercado, esto se da cuando un grupo de empresas se ponen de acuerdo a fijar precios, compartirse el mercado y crear barreras para impedir el ingreso de nuevas empresas, lo cual imposibilita la existencia de la libre competencia, afirma el diputado.
La Superintendencia también se encargaría de sancionar con multas altas a las empresas que incurran en estas prácticas, así como de imponer sanciones de carácter administrativo e iniciar investigaciones, para determinar si las empresas se pusieron de acuerdo para fijar precios, añade.
“La ley no es de tipo penal, sino administrativa, pues tampoco se busca destruir a las empresas, sino evitar que se pongan de acuerdo con fijar precios, afectando la economía y al consumidor”, apunta Barreda.
Sin una Ley de Competencia, resalta Barreda, es difícil que surjan nuevas empresas, lo que provoca que aquellas que ya se encuentran en el mercado se sientan cómodas, sin interés en innovar, ni mejorar el servicio, ni la atención.
“Como no hay un estímulo de competencia, tienden a dar mal servicio, ser ineficientes y cobrar precios excesivos afectando al consumidor. Cuando hay un mercado competitivo ocurre todo lo contrario”, subraya.
Barreda asegura, que con una Ley de Competencia el consumidor se beneficiaría con mejores servicios, calidad de productos y precios accesibles.
El congresista señala, que hay intereses económicos muy fuertes que gozan de una posición de monopolio en el mercado que se oponen a esta propuesta de ley.
LEY DE AGUAS: DESDE 1990 LA DISCUSIÓN NO AVANZA
De acuerdo con información de Dirección Legislativa del Congreso de la República, de 1990 a 2017 se han presentado 12 iniciativas de ley para regular el uso del agua en el país, conocidas como “Ley de Aguas”, de las cuales una obtuvo dictamen favorable y otra desfavorable.
Entre las propuestas más recientes se encuentra la Ley para el Aprovechamiento y Manejo Integral, Sostenible y Eficiente del Recurso Hídrico en Guatemala (2016), esta la presentó el expresidente Jimmy Morales.
“La presente ley es de observancia general y tiene por objeto establecer el marco jurídico institucional para las aguas del país en lo relacionado a regular los usos, aprovechamientos, goce y manejo del recurso hídrico en general a través de su administración como un tema de seguridad nacional, que contribuya para el mantenimiento, preservación, conservación y sostenibilidad en la realización del bien común, la conservación de la vida humana y de la biodiversidad, en apoyo al desarrollo nacional. Se declara de interés nacional y necesidad pública la gestión integrada del recurso hídrico en Guatemala”, establece el objeto de la referida ley.
El 31 de octubre de 2017, la propuesta de ley obtiene dictamen favorable por la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, presidida por el entonces diputado José Rodrigo Valladares Guillen.
De eso han transcurrido ya más de tres años, y en ese período el Congreso no hizo ni siquiera la discusión del primer debate de la Ley de Aguas.
Para el diputado de la bancada Semilla e integrante de la Comisión de Ambiente, Román Castellanos, esta ley establece aspectos sobre la regularización del uso del agua de forma general, no es específica. Pero, que con enmiendas se puede mejorar, apunta.
El diputado indica, que los aspectos positivos de la iniciativa es que establece al agua como un tema de seguridad nacional, también se reconoce como derecho humano el acceso a él, además, establece a los pueblos indígenas como parte de los actores en la gestión del agua. Asimismo, contempla una valorización económica del agua y el pago por servicios ambientales, añade.
En la comisión surgió una propuesta, comenta Castellanos, de retomar la discusión de la ley de aguas, estudiarla y crear enmiendas, con el objetivo que su aprobación avance, pero esta idea no se llevó a la práctica.
Castellanos lamenta que desde 1990 el Congreso no ha podido aprobar una ley de aguas, a pesar de que es necesario y urgente regular el uso y manejo de este, para evitar la contaminación y desvió de los ríos.
“Esto refleja que no hay interés de parte de los gobiernos y de la mayoría de los diputados en atender los problemas estructurales del país, ni de velar por el bien común. Refleja una despreocupación de un tema fundamental como este”, opina.
Con el dictamen favorable que tiene la ley, los diputados del partido oficial VAMOS y sus aliados son los que deberían de incluirla en la agenda legislativa, pues es este grupo el que al final define la agenda, enfatiza Castellanos.
El diputado señala, que tanto el sector económico como sociedad civil reacciona en contra de este tipo de legislación; en el caso de las organizaciones sociales su oposición es por la desconfianza que tienen del Congreso, pues temen que esta ley solo beneficie a un grupo determinado, concluye.
GERENTE DE EMPAGUA: ES COMO JUGAR UN PARTIDO DE FÚTBOL SIN ÁRBITRO
En una entrevista que concedió a La Hora, el 27 de marzo, la gerente general de la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA), Crista Foncea, dijo que somos el único país en la región que no tiene una ley de aguas.
“Es triste, es como jugar un partido de fútbol sin árbitro. No hay adónde recurrir. Todos compartimos una responsabilidad, pero no tenemos claro el rol de cada uno”.
“Aunque creo que hay cosas que se pueden hacer, no necesariamente ante la falta de una ley. Se debería regular (normativa) que todos paguemos por agua, aunque sea de pozo propio, una tasa pareja, o limitar la cantidad de extracción”, afirmó.
“En resumen: todos tenemos que pagar el agua. No se trata del mantenimiento del condominio. No necesitamos una ley, sino una iniciativa propia para regular el consumo”, apuntó Foncea.
LEY DE DESECHOS SÓLIDOS: CINCO PROPUESTAS SIN DICTAMEN
Datos compartidos por Dirección Legislativa dan cuenta que de 2007 a 2020 el Congreso ha recibido cinco iniciativas de ley relacionadas al manejo de la basura, ninguna de estas ha avanzado en su aprobación, ni siquiera registran dictamen emitido por la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, que se encarga de analizar si es viable o no su aprobación.
La propuesta más reciente, Ley Marco para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos, ingresa al Legislativo el 27 de agosto de 2020 y el pleno la conoce el 11 de noviembre de 2020; los diputados que la presentaron fueron Armando Castillo, José García, Juan Carlos Rodas, Edgar Dubón, Santiago Nájera, Samantha Figueroa y Erick Martínez.
“Establecer el marco normativo para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos en el país, desde la generación hasta su disposición final, con un enfoque predominante de economía circular”, detalla el objeto de la ley en mención.
El diputado Armando Castillo, uno de los ponentes de esta iniciativa e integrante de la Comisión de Ambiente, afirma que la propuesta es un compendio de las cuatro que se presentaron anteriormente, pero se le agregaron nuevos elementos, entre estos: que las empresas estén obligadas a que los envases o empaques de sus productos sean amigables con el medio ambiente y que sean parte del proceso de reciclaje de los mismos.
Con una ley de desechos sólidos, resalta Castillo, el deterioro que ha sufrido el medio ambiente sería menor, además, el país contaría con servicios de recolección, depósitos y tratamiento de los desechos sólidos. Asimismo, existiría una coordinación entre las autoridades del Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales, las municipalidades y la población, para el manejo de la basura.
“Actualmente no existen estos servicios y cada uno hace lo que se le da la gana”, expresa.
Castillo indica, que durante la elaboración de la iniciativa lograron obtener consensos con la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas y el Ministerio de Ambiente, aunque en algunos puntos no hubo acuerdos con la cartera, lamenta.
“Obviamente cada uno tiene una visión diferente, no es necesario quedar bien con todos, pero sí se debe tener un marco regulatorio que brinde reglas claras en esto”, subraya.
La Comisión de Ambiente, según Castillo, iniciaría con el análisis de esta iniciativa en mayo, posteriormente emitirían un dictamen. “Yo esperaría que en esta oportunidad sí pudiera avanzar, ya que es un tema importante, pues cada vez es más latente la contaminación de los ríos. Es un tema que ya no puede esperar”, declara.
El diputado confía que una vez se dé el dictamen, el Congreso priorice la aprobación de esa ley.
ACUERDO DE ESCAZÚ: EJECUTIVO AÚN NO LO ENVÍA AL CONGRESO
El 4 de marzo de 2018, América Latina y el Caribe adopta en Escazú, Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el cual entró en vigor el 22 de abril de este año.
El Acuerdo de Escazú fue firmada por 24 países de América Latina, sin embargo, 12 países no lo han ratificado, entre estos se encuentra Guatemala.
El objetivo del Acuerdo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. “En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto”, describe el documento de Escazú.
Actualmente el Organismo Ejecutivo no ha enviado al Congreso el Acuerdo de Escazú para que los diputados lo ratifiquen, para que después el Presidente Alejandro Giammattei lo sancione o vete y si se da la sanción, este se implementaría en el país.
Comunicación Social del Ministerio de Relaciones Exteriores, se limitó a informar a La Hora, que el documento aún se encuentra en análisis por parte de la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio Público.
¿QUÉ LEYES SON IMPORTANTES PARA LA CIG?
Para el director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Javier Zepeda, son viables todas aquellas leyes que fortalezcan la certeza jurídica del país. Sin embargo, no fue especifico en cuanto a que si la Ley de Competencia, de Aguas y de Desechos lo son.
Entre sus argumentos, Zepeda se refiere al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), indicando que esa instancia tiene trazado qué leyes impulsar, en el marco de la reactivación económica de Guatemala.
“Nosotros nos hemos enfocado mucho en los esfuerzos, en términos de impulsar las leyes que están en el programa de desarrollo económico del CACIF, entre estos: la Reglamentación del Convenio 175 de la OIT (ley de trabajo a tiempo parcial), Ley de Antitrámites y Ley de Zonas Francas. Tenemos que ocuparnos ahorita en leyes que impulsen el desarrollo, la reactivación económica, como medio para generar mayor empleo y recuperar los perdidos”, enfatiza Zepeda.
Al preguntarle a Zepeda si considerarían incluir la Ley de Competencia, de Aguas y de Desechos Sólidos en dicho programa del CACIF, responde que no puede referirse al respecto, ya que no tenía a la mano las referidas leyes, y que estaba por ingresar a una reunión.
NO SE PUDO CONTAR CON OPINIÓN DE CACIF
Para este reportaje también se intentó obtener una opinión del presidente del CACIF, Hermann Girón, pero no fue posible tener comunicación vía telefónica.
