La exdiputada del Partido Patriota, Emilenne Mazariegos junto con su esposo, José Fernando Siliézar Mena, señalados en el caso Chicamán, lograron recuperar su libertad después de que la Sala Quinta de Apelaciones les redujera la caución económica de Q1.5 millones a Q50 mil para optar a la medida sustitutiva de arresto domiciliar.
El pasado 3 de diciembre de 2020, el Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, rechazó la petición de la exfuncionaria de acceder al arresto domiciliario, condicionado al pago de una caución económica de Q1,500,000, por el embargo de un inmueble de valor equivalente.
El Tribunal de Sentencia había resuelto que la diputada debía pagar en efectivo la caución económica para salir de prisión y continuar en arresto domiciliario.
La exdiputada del Partido Patriota, Emilenne Mazariegos junto con su esposo, señalados en el caso Chicamán, lograron recuperar su libertad, después de que la Sala Quinta de Apelaciones redujera la caución económica de Q1.5 millones a Q50 mil para optar a la medida sustitutiva. pic.twitter.com/AgXmSj8HYd
— Diario La Hora (@lahoragt) June 25, 2021
EXFUNCIONARIA PRESENTÓ ACCIÓN ANTE SALA
Por este motivo, la exlegisladora presentó una acción ante la Sala Quinta de Apelaciones, para que se redujera el monto de la caución.
Mientras que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) planteó un amparo contra la Sala Quinta de Apelaciones, que confirmó el arresto domiciliario y otorgó la reducción de fianza a la excongresista del Partido Patriota, Emilenne Mazariegos, así como al exalcalde de Chicamán, Roberto Candelario Gamarro.
ANTECEDENTES
La FECI y la otrora Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señaló a diez personas de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, por la supuesta sustracción de alrededor de Q15 millones de la comuna de Chicamán, Quiché.
La investigación detalló que la madre de la congresista, Ana Patricia Mazariegos, habría favorecido a Fernando José Siliézar con adjudicaciones millonarias pese a que la sociedad anónima que dirigía, Fhercons, no contaba con la infraestructura ni con el personal necesario para ejecutar los proyectos que se le adjudicaron.
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