Hoy la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), emitió un informe sobre agresiones a activistas en los últimos veinte años, destacando que 2020 fue el periodo con más ataques hacia este grupo de la sociedad civil, con 1,055 hechos en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, cifra que además sobrepasa el doble de ataques documentados en 2019.
“El año 2020, estuvo marcado por una serie de excepcionalidades, como el ingreso de la pandemia, que a partir de marzo afecto al país y se decretaron una serie de medidas que implicaban el confinamiento y la restricción del derecho a la movilización de las personas en el país. Aún con estas restricciones que estuvo sometida toda la población guatemalteca, hubo un incremento de agresiones y de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos”, declaró Jorge Santos, Coordinador General de la UDEFEGUA.
Según sus estadísticas, la mayoría de los actos fueron cometidos contra organizaciones, comunidades e instituciones defensoras, con el 53%; seguido de un 33% cometido contra defensoras y un 14% contra defensores de Derechos Humanos.
UDEFEGUA por medio de un informe indica que registra el mayor número de agresiones a personas defensoras de DD.HH. en los últimos 20 años. pic.twitter.com/PZcGIowerd
— Diario La Hora (@lahoragt) June 4, 2021
Del total de casos, la unidad de protección indicó que la mayoría provino de hostigamientos, sumando 323 casos; sin dejar de lado los 17 fallecimientos de activistas, donde 3 mujeres defensoras fueron asesinadas y 14 defensores víctimas de ataques mortales. Adicionalmente, la organización documentó 21 intentos de asesinato.
Además de los datos anteriores, las mayores manifestaciones de agresión se distribuyen en 154 intentos de difamación, 96 casos de intimidación, 89 denuncias judiciales sin fundamento y 72 detenciones ilegales.
UDEFEGUA informó que el área central de Guatemala es la más propensa a este tipo de acciones. La entidad recibió información de 737 casos contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos en el departamento.
AGRESIONES A GRUPOS ESPECÍFICOS
Según estimó UDEFEGUA, las agresiones a periodistas en su mayoría son manifestadas por medio de la difamación con fines intimidatorios, el cierre de fuentes de información, y la prohibición de libertad de acción y pensamiento. Asimismo, las técnicas como discursos de odio y estigmatizaciones con fines intimidatorios encabezadas por funcionarios de Alto Nivel, son acciones particularmente ejercidas contra periodistas, operadores de justicia y defensores del territorio.
En cuanto a la población indígena y los líderes y lideresas comunitarios, se encontró que los allanamientos ilegales afectan principalmente a comunidades y pueblos indígenas defensoras de derechos humanos. La unidad subraya que durante el 2020 ocurrieron desalojos extrajudiciales en el norte del país, representados en el Caso Dos Fuentes, Washington y en Sayaxché, Petén.
En el sector justicia es frecuente la criminalización de jueces, juezas, magistrados, magistradas y personas operadoras de este organismo, que trabajaban para evitar un mayor deterioro a la independencia judicial en el país; además del desmantelamiento de instituciones que protegen a personas defensoras de derechos humanos y de la agenda de la Paz.
AUMENTO DE AGRESIONES A MUJERES DEFENSORAS
La organización puntualizó que en comparación con el 2019, el año pasado documentó un incremento considerable de agresiones contra mujeres defensoras, registrando a 354 mujeres en 2020 frente a 165 víctimas en 2019.
Según el estudio, los meses en que se restringió más la movilidad de las personas en la pandemia se registró el mayor número de agresiones a mujeres: en junio se reportaron 78 atentados y en septiembre 59.
Para UDEFEGUA esto representa “una articulación del poder que posibilitó el ataque en un ambiente total de impunidad y con pocas posibilidades de gestionar mecanismos de protección eficaces, muchas de las defensoras tuvieron que convivir con sus agresores, en espacios que debieron de ser seguros”.
Los hallazgos revelan que la mayoría de las víctimas identificadas como mujeres pertenecen al sector justicia, con 115 personas en total, 88 de ellas fueron operadoras de justicia “que desde espacios de instituciones del Estado buscan garantizar el Estado de derecho, frenar la corrupción y cooptación de estas instituciones”.
Adicionalmente en la categoría de periodistas y comunicadoras sociales suma 27 atentados. UDEFEGUA identifica a estas mujeres como las que “buscan evidenciar lo que sucede desde los territorios sin estar vinculadas a medios corporativos”.
“El Gobierno en lugar de garantizar mecanismos de protección para las mujeres defensoras, es quien las agrede. Esto demuestra toda una estructura para garantizar los grandes intereses y que desprotege y ataca a las mujeres que rompen con lo establecido o que luchan por sus derechos y los de otras mujeres”, declaró Brenda Guillén, asistente de coordinación de UDEFEGUA.
ATAQUES SON DE COMPETENCIA GUBERNAMENTAL
La agrupación también destacó que el estudio ha incluido a siete gobiernos entre el 2000 y 2020, incluyendo el breve gobierno de Alejandro Maldonado, dentro de estos, el primer año de gobierno del Alejandro Giammattei ha representado el más fuerte y profundo incremento de agresiones a personas defensoras de derechos humanos.
Jorge Santos, coordinador general de UDEFEGUA comentó que “a través del establecimiento de este orden, de la toma de decisiones restrictivas en las libertades fundamentales y en el empuje de una agenda regresiva se busca propiciar la impunidad de quienes perpetran las agresiones hacia las personas defensoras de derechos humanos”.
El informe además destaca que las personas defensoras se han encontrado con actitudes de fiscales que ignoran la razón del trabajo de defensa de derechos humanos, lo cual va en detrimento en la posibilidad de hacer una persecución penal adecuada y una investigación en estos temas.
Ruth Del Valle, defensora de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), resaltó una ausencia de la institucionalidad del Estado en materia de derechos humanos, lo cual, para ella, dificulta el acceso a la justicia para quienes quieren romper con los ciclos de impunidad fuera del principal centro urbano.
Del Valle informó que, desde la PDH, se han realizado supervisiones a la institucionalidad pública en materia de derechos humanos, haciendo diversas recomendaciones, que espera sean recibidas e implementadas en beneficio de la comunidad y defensa de derechos humanos.
A LA ESPERA DE POSTURA DEL EJECUTIVO
La Hora intentó contactar a la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Patricia Letona, debido a que el informe menciona un incremento de estos ataques durante el gobierno del presidente, Alejandro Giammattei, sin embargo, no respondió. De comunicarse posteriormente, se consignará en este espacio.
