AUSTIN, Texas, EE.UU./AP
Una medida del gobernador de Texas, Greg Abbott, para cerrar más de 50 instalaciones que albergan a unos 4.000 niños migrantes podría afectar significativamente un programa nacional que ya opera al límite de sus capacidades para brindar atención adecuada a los niños que cruzan solos la frontera entre México y Estados Unidos.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus iniciales en inglés), que brinda atención a niños migrantes, dijo el miércoles que no pretendía cerrar ninguna de sus instalaciones, pero que estaba “evaluando” la declaratoria de desastre que emitió el gobernador republicano el martes por la noche. La proclamación instruye a una agencia estatal a negar o descontinuar en los próximos 90 días las licencias a las instalaciones de atención infantil que albergan a niños migrantes.
Grupos que representan a los niños migrantes y los reúnen con sus familiares señalaron que la orden podría ser perjudicial porque pudiera significar el envío en gran escala de menores a instalaciones sin licencia que, según abogados y activistas, ponen en riesgo la salud y la seguridad de los niños. Abbott argumenta que el gobierno federal no puede obligar a Texas a seguir otorgando licencias estatales en respuesta a un problema federal.
El gobierno federal financia 56 albergues en Texas, de los cerca de 200 refugios autorizados que hay en todo el país. El censo más reciente, del 19 de mayo, mostró que había 4.223 niños en 52 de esos albergues con licencia estatal, según la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC por sus iniciales en inglés).
A la agencia se le ordenó revocar las licencias y enviar un aviso a sus proveedores el miércoles para indicarles que pongan fin gradual a sus operaciones para el 30 de agosto.
Después de esa fecha, indica el aviso, “si ustedes siguen brindando atención a individuos que no están legalmente en Estados Unidos con base en un contrato con el gobierno federal, la HHSC tomará las medidas necesarias para cumplir con la proclama”.
La sumamente inusual medida de emitir una declaratoria de desastre — generalmente reservada para desastres naturales o crisis de salud — ocurre en medio de las críticas de Abbott por el número sin precedentes de cruces fronterizos en los últimos meses. El gobernador ha incrementado la presencia de elementos del Departamento de Seguridad de Texas y de la Guardia Nacional en el sur del estado.
Abbott también ha criticado a las instalaciones de emergencia que carecen de licencias estatales, las cuales podrían terminar recibiendo a más niños en caso de que el gobernador logre cerrar albergues más pequeños.
En abril, las autoridades de Texas anunciaron que estaban investigando tres reportes de abuso y negligencia en un coliseo de San Antonio que alberga a más de 1.600 adolescentes migrantes. También se han llevado a cabo pesquisas por abuso o negligencia en instalaciones con permisos estatales, y Texas enumeró 18 citaciones relacionadas entre abril y mayo.
Christine Mann, portavoz de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas, señaló que la agencia está examinando la orden de Abbott y “determinando los próximos pasos conforme elaboramos un plan para el pleno cumplimiento de las directrices del gobernador”.
A algunos críticos les preocupa que la medida establezca un precedente para que otros gobernadores republicanos obstaculicen las labores del gobierno del presidente Joe Biden para incrementar la capacidad en una red de albergues autorizados. Los gobernadores de Iowa y Nebraska han rechazado solicitudes federales para albergar a niños migrantes, señalando que ellos se oponen a la postura de Biden de brindar atención a los menores antes de que se les reúna con familiares en Estados Unidos.
“Esta es una táctica evidente y preocupante para politizar una crisis humanitaria”, dijo Krish O’Mara Vignarajah, directora del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, en un comunicado. “Debido a que los albergues con sede en Texas comprenden una porción significativa de la capacidad de Estados Unidos, esta orden podría infligir un verdadero daño y perjudicar seriamente el bienestar de los niños”.
El incremento en la llegada de niños migrantes ha puesto a prueba la capacidad del gobierno federal, que en marzo recogió a casi 19.000 niños que cruzaron la frontera desde México sin la compañía de un adulto, y a más de 17.000 en abril.
Las cifras sin precedentes se están dando luego de que el gobierno decidió exentar a los niños que viajan sin un adulto de una orden relacionada con la pandemia que permite la expulsión de la mayoría de los inmigrantes sin brindarles la oportunidad de solicitar asilo.
La pandemia también ha significado una reducción en la capacidad de los albergues de tamaño mediano y pequeño que atienden a niños. El programa perdió miles de camas debido a las restricciones relacionadas con el COVID-19, y para febrero habían disminuido a unas 7.100.
Con menos camas en los refugios de menor tamaño y un creciente número de niños en las estaciones de la Patrulla Fronteriza, el gobierno de Biden otorgó enormes contratos a compañías privadas en marzo para establecer instalaciones de emergencia que carecen de licencia en centros de convenciones, bases militares y otros espacios similares.
Estos lugares son similares a los albergues de evacuación por huracanes, en los que hay un espacio limitado para jugar y no existe privacidad, además de que los críticos aseguran que los contratistas no están equipados para cuidar apropiadamente de los menores.
El HHS se ha negado a dar acceso a los medios de comunicación una vez que los niños llegan a las instalaciones, bajo el argumento de que hay restricciones por el respeto a la privacidad y la pandemia. Los activistas y legisladores que han podido visitar estos lugares han expresado su preocupación por la salud mental de los niños en los sitios, donde cientos de ellos pueden dormir en catres debajo de enormes carpas. Estas instalaciones requieren menos personal especializado en la atención a jóvenes y menos médicos por cada niño, y tampoco están sujetas a supervisión jurídica tradicional, evadiendo las regulaciones estatales.
El gobierno de Biden ha dicho que esos lugares otorgan “servicios vitales” para los niños, y las autoridades les han asegurado a los legisladores que los menores no estarían más de dos semanas en sitios de gran tamaño, antes de ser entregados a un familiar en Estados Unidos o ser enviados a una instalación que cuente con licencia permanente. Pero algunos niños han permanecido en los espacios de gran tamaño durante mucho más tiempo.
Desaparecer los albergues que cuentan con permisos estatales es una “postura errónea», declaró Wendy Young, presidenta de Kids in Need of Defense, un organismo que proporciona servicios jurídicos para niños inmigrantes.
“En una época en la que Estados Unidos requiere de más instalaciones autorizadas para los niños migrantes que viajan sin compañía de un adulto, la orden amenaza con dejar al país con mucho menos” de estos lugares, indicó Young.
