Carlos Rolando Yax Medrano
Los periodistas Marvin Del Cid y Sonny Figueroa publicaron una investigación donde explican “la estrategia del Congreso para atacar a opositores y funcionarios”. En ella explican que Joselyn Mérida y José Fernando López, directora y subdirector de comunicación en el Organismo Legislativo, contratados durante la gestión de Álvaro Arzú como Presidente del Congreso de la República en julio de 2018, usaron la oficina de comunicación y relaciones públicas para atacar a políticos de oposición y funcionarios de otras instituciones, particularmente al diputado Samuel Pérez Álvarez de la Bancada Semilla y el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas.
El diputado Samuel Pérez Álvarez ha sido incómodo por manifestar su inconformidad cuando el Director de Caminos y el Ministro de Comunicaciones “no sabían” qué había pasado con 135 millones de quetzales, cuando Alejandro Giammattei pretendió usar 122 millones de quetzales que fueron encontrados por la FECI en Antigua Guatemala a pesar de tener impedimento para hacerlo, cuando el Gobierno no tuvo respuesta ante los daños ocasionados por Eta e Iota, cuando estuvo en contra de la aprobación del proyecto de presupuesto que no respondía a las necesidades en Guatemala, cuando ha denunciado la corrupción en el proceso de designación de Magistrados de la CC, cuando ha procurado la interpelación del Ministro de Gobernación, incluso ha sido bloqueado en Twitter por el Presidente del Congreso de la República (siendo diputado), etc.
El Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas ha sido incómodo por acompañar a la población guatemalteca en las manifestaciones pacíficas contra el Gobierno y el Congreso de la República, por denunciar el abuso y la brutalidad policial en contra de la población guatemalteca durante las manifestaciones pacíficas, por darle voz a los pueblos indígenas al ser excluidos del “diálogo” nacional en el marco del presupuesto que no respondía a las necesidades de Guatemala, por defender la libertad de expresión, la libertad de prensa y a los periodistas en el ejercicio de su labor, por mostrar su apoyo al combate a la corrupción, a la FECI y a Juan Francisco Sandoval, por demostrar su apoyo a la CICIG, por recordar a Monseñor Gerardi, por fiscalizar el proceso de vacunación contra el COVID-19, etc.
Además del hecho de que los ataques han sido financiados con fondos públicos, es inaceptable que hayan sido dirigidos desde una entidad pública. Este es el mejor retrato de la Guatemala autoritaria en la que vivimos. Aunque se supone que Guatemala es una república democrática, desde el máximo órgano de representación de la ciudadanía se está atacando la democracia. No sorprende que el Congreso de la república sea autoritario, porque la regla ha sido limitar el debate, la discusión y el diálogo, para darle lugar a los pactos a los que se llegan por medio de la corrupción. Lo que sí sorprende es que, aunque recientemente se ha evidenciado la conexión entre los netcenters y funcionarios del Estado, no se haga nada al respecto.
La política ha tomado un nuevo escenario desde hace algún tiempo. En Guatemala, desde las manifestaciones de 2015, las redes sociales han sido un espacio fundamental para la organización de la ciudadanía. Sin embargo, los netcenters han sido el negocio de manipulación e impunidad al que se ha acudido para controlar la opinión pública. En su mayoría conformados por perfiles falsos, ahora se ha expuesto que son dirigidos desde organismos del Estado. Vínculos con el Organismo Judicial, ahora con el Organismo Legislativo… El espacio virtual se debe regular. De lo contrario, casos como éstos continuarán.
