Por María España
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Guatemala se encuentra en el último lugar de la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020, elaborada por el Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos del Vance Center. El informe detalla las deficiencias en la prevención e investigación de la corrupción en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá y Perú.
En tal contexto, se detalla que, Guatemala obtuvo un punteo de 3.89, lo cual ubica al país en la última posición de los ocho evaluados. Dentro de las deficiencias identificadas, se menciona la debilidad institucional de los mecanismos para la detección de actos corrupción y sistemas de alertas, falta de políticas de prevención en el sector privado, y opacidad, entre otros.
CORRUPCIÓN EN SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO
El informe señala que, en Guatemala no existen políticas anticorrupción para el sector público que sean adecuadas. Mientras que, en el sector privado, indican que, las empresas son responsables desde un punto de vista penal y civil, pero no administrativamente.
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También se explica que no se contempla legislación o política pública específica sobre mecanismos de protección a denunciantes por casos de corrupción; no obstante, enfatizan que sí existen incentivos económicos para los casos de extinción de dominio.
Además, aseveran que no existen mecanismos previstos en la ley para la participación ciudadana, ni existen información pública de funcionarios o entidades del sector privado que hubieren sido sancionados.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
Señalan falta de voluntad política y debilidad institucional, la cual es reflejada en la falta de independencia judicial. Menciona también la creación o reforma de leyes que favorecen intereses o personas.
Agrega que las autoridades anticorrupción no tienen la independencia necesaria para prevenir, investigar y procesar la corrupción efectivamente. Sin embargo, destacan a personas en lo particular con un gran compromiso e independencia para llevar a cabo sus funciones.
“Se califica la capacidad institucional de los organismos públicos facultados para prevenir, investigar, y perseguir actos de corrupción como media-baja”, enfatizan.
Asimismo, mencionan la ausencia de condiciones institucionales para la independencia judicial y del Ministerio Público (MP), “incluyendo el nombramiento de jueces”.
RECOMENDACIONES
En este sentido, recomienda al país impulsar mecanismos para la selección de jueces conforme a estándares internacionales que garanticen independencia, así también la creación de un régimen de declaraciones públicas de intereses para funcionarios públicos.
A decir del Consejo, Guatemala debe impulsar un marco jurídico para la prevención de la corrupción en el sector privado, por medio de incentivos para su cumplimiento y verificación de estándares internacionales.
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EVALUACIÓN LATAM
Por otro lado, el primer lugar se lo llevó Chile con 7.86 puntos, a este le sigue Argentina con 5.95, y luego Perú con 5.86 puntos. Sobre Guatemala se encuentra Panamá con 3.97 puntos.
Sobre Chile señala que cuenta con un marco regulatorio efectivo para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, así también cuenta con políticas anticorrupción. Además, de las instituciones especializadas menciona que cuentan con autonomía de rango constitucional.
