Fernando Mollinedo C.
En el año 1927 durante la administración gubernamental del presidente Lázaro Tomás Chacón González, se inauguró la primera hidroeléctrica del Estado denominada Santa María por estar ubicada en la aldea Santa María de Jesús, del municipio de Zunil, departamento de Quetzaltenango; fue administrada por la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas.
El objetivo principal de su existencia durante 8 años fue proveer de energía eléctrica al Ferrocarril de los Altos que hizo el recorrido entre el municipio de San Felipe Retalhuleu y la cabecera departamental de Quetzaltenango. Dicho transporte fue dañado en su infraestructura por un temporal por lo que el presidente Jorge Ubico no permitió su recuperación.
El “Plan de Electrificación Rural” que fue desarrollado durante la administración gubernamental del presidente Juan José Arévalo contempló que dicha hidroeléctrica funcionara para generar energía eléctrica a varias comunidades de los departamentos de Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos y Suchitepéquez.
El ingeniero guatemalteco Oswaldo Santizo Méndez le propuso al presidente Carlos Castillo Armas, la creación del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) con el propósito que, como institución gubernamental proveyera los planes, programas y el desarrollo de la electrificación del país. El Congreso de la República emitió el Decreto 1287 de fecha 27 de mayo de 1959 aprobando la Ley Orgánica del INDE.
Durante su existencia, el INDE ha sido considerado como un botín político por parte de los diferentes partidos políticos que han gobernado el país y han ejecutado las políticas energéticas de acuerdo a los intereses políticos de los gobernantes y Consejos Directivos que durante los últimos 60 años han regido a dicha institución.
La desnaturalización del Estado con la privatización y/o “entrega” de las instituciones gubernamentales y su infraestructura física a empresas y compañías privadas nacionales y extranjeras afectó también al INDE pues algunas de sus funciones técnicas fueron vendidas y naturalmente, el costo económico para los usuarios fue más caro.
Hasta hoy, todos los gobiernos han manejado las finanzas del INDE con secretividad y no recuerdo que alguno de ellos haya rendido cuentas a la población respecto a sus posibles ganancias, pérdidas, inversiones, desfalcos y corrupción de algunos de sus dirigentes por citar algunas conductas delictivas que han sido del dominio público.
¿Tenemos soberanía energética en Guatemala? ¿Es decir, que el INDE proporcione a la población la garantía de acceder al uso de energía de calidad y precios razonables para que la población pueda desarrollar actividades productivas? O necesariamente, ¿debemos resignarnos a comprarles esos servicios a las empresas extranjeras que operan el Guatemala al precio que ellas dispongan?
¿Cuál es la soberanía energética de la que dispone la población guatemalteca? ¿Se les entregarán a las empresas transnacionales las pocas instituciones nacionales con que aún cuenta Guatemala? ¿Y al servicio de quién están el INDE y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica?
