El 13 de mayo, el profesor Gabriel de Jesús Hernández fue capturado por haber agredido sexualmente a una niña de 9 años en el 2018, en un centro educativo de la zona 10 de la capital. El 4 de mayo un maestro fue capturado en Mixco por agredir sexualmente a dos adolescentes (de 14 y 15 años), a quienes engañó para que se presentaran a un centro educativo, en donde supuestamente les impartiría clases presenciales, una maestra del mismo centro lo sorprendió agrediendo a las estudiantes y el maestro fue denunciado. El 22 de abril, el maestro Cristian Andrés García Zamora fue condenado a 25 años de privación de libertad inconmutables, por el delito de Agresión Sexual con Agravación de la Pena en Concurso Real de Delitos, según información del Ministerio Público, en 2017 el docente agredió a una adolescente en Monte de los Olivos, Chimaltenango, además de ser maestro también era piloto del bus escolar, lo cual aprovechó para agredir sexualmente en distintas ocasiones a la estudiante.
El 27 de febrero, la periodista Mariajosé España publicó en Prensa Libre la nota titulada “977 maestros han sido denunciados por delitos sexuales en los últimos cinco años”. En la nota, la periodista señala que a pesar de que 2020 no hubieron clases presenciales, el Ministerio Público registró 58 denuncias en contra de maestros por maltrato y agresión sexual y también se hace alusión al caso del profesor Kevin Armando Osorio Pirir, quien fue capturado en enero por haber exigido a sus estudiantes que le enviar fotografías de sus partes íntimas.
El 10 de mayo un diputado publicó en Facebook información sobre 31 maestros que estando ya condenados por agresión sexual, siguen trabajando en el Ministerio de Educación. Según la publicación, los maestros no fueron despedidos, únicamente trasladados a áreas administrativas y los delitos cometidos van desde abusos deshonestos hasta violación agravada.
Estamos frente a una situación sumamente preocupante, cuya gravedad está siendo minimizada por las autoridades que tienen como obligación velar porque las escuelas, los centros educativos, sean lugares seguros en los que se proteja la integridad de las y los estudiantes, por el contrario, al permitir la impunidad y proteger a los agresores, el Ministerio de Educación está poniendo en riesgo a la niñez y juventud que está siendo expuesta a depredadores, que difícilmente son o serán sancionados, lo cual les permite ir de un lugar a otro agrediendo y violando a niñas y adolescentes.
Socialmente los datos no son alentadores, del 1 de enero al 28 de febrero de 2021, el Ministerio Público recibió 1,693 denuncias por delitos de violencia sexual, 358 de estas se dieron en el departamento de Guatemala, en 2020 el total fue de 9212. Del 1 de enero al 19 de febrero, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reportó 265 embarazaros en niñas menores de 14 años, en 2020 el total fue de 1915.
En un día, el 11 de mayo, 3 hombres fueron capturados por violación, en distintas partes del país.
