Por Jeanelly Vásquez
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Durante las últimas semanas Latinoamérica ha sufrido eventos que afectan la constitucionalidad de sus Estados y el medio estadounidense The Washington Post destacó hoy en una nota el contexto de los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) remarcando que en dos de ellos las altas Cortes están siendo desmanteladas poco a poco.
EL CASO GUATEMALA
El 13 de abril, la jueza Gloria Porras debió ser juramentada como Magistrada de la Corte de Constitucionalidad por tercer período consecutivo, pero el Congreso de la República decidió no hacerlo por un amparo de la Sala Primera de lo Contencioso. Porras ha sido conocida en el país por su labor en materia de desintegración de redes de corrupción, derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos, señala ese medio.
La aspirante por la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) no fue juramentada bajo el argumento de que su proceso “contuvo errores”. Un amparo exponiendo los “errores” fue presentado ante la Corte de Apelaciones sin antes haberle notificado a Porras; la apelación fue presentada unas horas antes de la juramentación de magistrados, es decir, que Gloria Porras no tuvo opción de accionar, remarcan.
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Ahora se encuentra Estados Unidos, donde se cree aún se resguarda.
El enviado especial del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga mostró su apoyo a la exmagistrada en una visita al país. También la representante de la Cámara de Estados Unidos, Norma Torres junto con el representante de Nueva Jersey en el Congreso, Albio Sires, quienes se pronunciaron por la lamentable situación de Guatemala.
EL SALVADOR
Semanas después, la Corte de El Salvador sufrió un ataque a la institucionalidad de esta. La Asamblea General de Nayib Bukele decidió prescindir del fiscal general, Raúl Melara y de los cinco jueces que componían la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Bukele explicó que esta acción fue con fines de “limpiar” la entidad, pero la Vicepresidenta Kamala Harris argumentó que en realidad atenta contra la pluralidad del Sistema de Justicia y beneficia únicamente a un sector de la población, según el WAPO.
The Washington Post plasmó que para grupos pro-Derechos Humanos la destitución de Melara simboliza una posibilidad para que Bukele viole el orden constitucional con el propósito de perpetuar su gobierno otra vez. Las agrupaciones aseguran que el exfiscal general llevaba tiempo investigando casos de corrupción dentro del gabinete de Nayib Bukele, razón por la cual los activistas creen que se decidió retirar a Raúl Melara. “Esto bloquea cualquier posibilidad de Investigación y procesamiento judicial”, expresó Eduardo Escobar, director de Asociación de Acción Ciudadana de El Salvador a ese medio.
DE TRUMP A BIDEN: UN CAMBIO ROTUNDO PARA EL TRIÁNGULO NORTE
El Post expone que la nueva administración de Joe Biden ha causado terror entre los grupos corruptos de El Salvador, Honduras y Guatemala, pues en años anteriores durante el gobierno de Donald Trump no hubo suficientes acciones en contra de las deficiencias políticas de cada país.
Describen que el presidente de la Oficina de Washington en Centroamérica, Geoff Thale, también opinó que para Donald Trump la corrupción no fue un tema importante.
En Guatemala, resalta el Post que no hubo reacción por parte de Donald Trump cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue desintegrada, era una entidad que recibía “decenas de millones de dólares” por parte de Estados Unidos.
Trump tampoco se opuso a firmar el acuerdo de Tercer País Seguro en Guatemala pese a que el país posee altos índices de pobreza, alfabetización y una estructura del Sistema de Salud colapsada. El acuerdo firmado entre Donald Trump y el exmandatario Jimmy Morales habría permitido que Guatemala brindara asilo político a migrantes retornados de Estados Unidos.
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En Honduras, Trump aplaudió el gobierno de Juan Orlando Hernández a pesar de que fiscales en Nueva York lo señalaron de estar implicado en tráfico internacional de cocaína. Hernández ha negado cometer ilícitos y sigue sin ser procesado, añadió ese medio.
El diario estadounidense cuenta que Donald Trump se jactaba de haber hecho un buen trabajo para erradicar la inmigración hacia Estados Unidos, reduciendo el desplazamiento de centroamericanos en 2019, pero el Post destaca que, aunque este dato es cierto, un año después las estadísticas de inmigración comenzaron a subir constantemente.
Funcionarios de Estados Unidos aseguran que la perpetua crisis en los países del Triángulo Norte no es solamente un problema interno, también es un tema que afecta al país norteamericano.
“Los ciudadanos sienten que ya no tienen otra opción”, declaró Ricardo Zúñiga, el enviado especial del Departamento de Estado, al Washington Post respecto a la Inmigración en Centroamérica. Zúñiga asegura que las élites adineradas de Guatemala, Honduras y El Salvador mantienen un status quo que promueve una desigualdad social y económica tan significativa que obliga a la población pobre a desplazarse hacia Estados Unidos.
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