Julio R. García-Merlos G.
Hace algunos días el señor Procurador de los Derechos Humanos publicó un comunicado recomendando al Congreso de la República la ratificación del Acuerdo de Escazú por considerar que ese texto es una herramienta en la lucha contra el cambio climático.
Este acuerdo es un tratado internacional firmado en Costa Rica que versa sobre la publicación, generación y divulgación de información ambiental, participación pública en la toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. En este cuerpo normativo están contenidas una serie de normas que en buena medida están abarcadas dentro de principios generales o derechos que se garantizan en nuestra Constitución o en otros tratados internacionales.
Dentro de las competencias del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se encuentran la formulación de la política pública general para la conservación del medio ambiente y la información que el MARN genera es de carácter público, cuyo acceso se encuentra garantizado por la Constitución y se permite por la vía de los mecanismos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. La participación de la comunidad en los procesos de aprobación de estudios de impacto ambiental se contempla en aquellos casos en los que el impacto sería mayor y el acceso a los tribunales de justicia también es un derecho de todos los guatemaltecos. En un país en el que a diario miles de ciudadanos sufren por delitos contra la vida, ataques a sus propiedades y todo tipo de vejaciones, no existe motivo para privilegiar un tipo de justicia por sobre otra, se desvía energía que se debería invertir en fortalecer el sistema de justicia en su conjunto.
De nada sirve agregar otros cuantos miles de palabras vacías al documento que contiene las obligaciones internacionales contraídas por Guatemala si nuestro Estado sigue siendo raquítico, incapaz de garantizar los derechos más básicos y de ejecutar políticas públicas efectivas, no solo el campo ambiental, sino también en otros campos. La ratificación de ciertos instrumentos en lugar de traer beneficios se han convertido herramientas para obstaculizar el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de muchas personas.
Decenas de funcionarios internacionales necesitan justificar su trabajo y generan este tipo de normativas que luego buscan imponer a los Estados, ante la incapacidad de obtener espacios de poder dentro del marco republicano y democrático buscan imponer su agenda política por medio de estos instrumentos empleados con la complacencia de tribunales constitucionales que convierten en normas hasta los pronunciamientos en redes sociales de funcionarios y organizaciones internacionales.
En definitiva, no es conveniente ratificar este acuerdo, sino que los esfuerzos por proteger el medio ambiente se deben concentrar en nuestro propio entorno y el fortalecimiento de los mecanismos propios para resolver conflictos relacionados con esta materia. Las deficiencias en las políticas públicas que se formulan a nivel nacional, los niveles de transparencia en la administración pública y la justicia en casos relacionados con el medio ambiente no van a cambiar por arte de magia legislativa. Conviene que muchos comprendan este punto porque es aplicable para muchos otros campos.
