Walter Juárez Estrada
El Ministerio Público debe agotar las investigaciones y establecer quiénes, además de los ya capturados, están vinculados a la compra sobrevalorada de batas en el Ministerio de Salud a un costo superior de un millón de quetzales y se conoce que más de cincuenta empleados y funcionarios de esa cartera, podrían haberse involucrado en un negocio en plena pandemia.
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La corrupción ha sido un mal endémico en todos los gobiernos y en este no es la excepción. El presidente Giammattei, dio declaraciones a la prensa internacional, asegurando que: ¨en su gobierno no han existido malos manejos¨. Pero las pruebas del MP, en donde se demostró la compra anómala de batas demuestra lo contrario. Pero no solo en esta cartera hay corrupción. Se conoce que en los ministerios de Comunicaciones, Gobernación, Desarrollo Rural y otras carteras, la corrupción ha sido latente y se pide severo castigo contra los responsables.
La Fiscalía Contra la Corrupción con orden judicial, efectuó allanamientos, inspecciones y comiso de evidencias para determinar quiénes, además de los ya aprehendidos están imputados en la compra sobrevalorada de las batas. Hasta ahora guardan prisión: Edwin Romeo Sicán, Jefe del Departamento Administrativo de Salud, Brenda Marisol Such Escobar, Jefa de la Subdirección de Enfermería del Hospital temporal del Parque de la Industria, Cesar Giovanny Guzmán Camas, propietario y representante legal de Importadora y Exportadora de MCKD y Hernán Villela Javier, representante legal de la entidad mercantil: Grupo Roja S.A.
Se sospecha que la sucia negociación fue fraguada por el exviceministro de ese despacho Héctor Giovanni Marroquín Barrios, que no ha sido aprehendido, se cree que, con él, hay funcionarios de Salud que podrían haberse beneficiado por la compra fraudulenta de las batas de mala calidad, que no estaban esterilizadas, que era una de las exigencias para la compra.
El MP y los tribunales deben ser drásticos contra los imputados que se han valido del dolor ajeno en plena pandemia, para actos corruptos. Cuando más se necesitaba proteger al personal médico y paramédico que está en primera línea, exponiendo hasta su vida para salvar a miles de personas que han sido atrapadas con el Covid-19, que luchan para sobrevivir.
La Contraloría General de Cuentas debe cumplir con su labor fiscalizadora en todas las dependencias del Ministerio de Salud, pues ha recibido millones de quetzales desde el 13 de marzo de 2020, al conocerse en Guatemala el primer infectado, y esa cartera es donde se han malversado fondos que han sido diluidos en actos de corrupción, por lo que es imperativo que la Fiscalía contra la Corrupción del gobierno, que dirige el abogado García, presente los medios de prueba al MP para que haga las denuncias pertinentes en los Tribunales y que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables.
Hasta ahora no hay ninguna persona detenida del supuesto robo que hicieron empleados del Hospital General San Juan de Dios, de un lote de vacunas para combatir el virus. Algunos sospechan que no hubo tal robo y que todo fue un invento para palear las protestas por la falta de vacunas.
