Por Grecia Ortíz
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Ante la negativa del Congreso de juramentar a la magistrada electa a la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, un experto en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas expresó hoy su profunda preocupación y condenó el continuo acoso e intimidación al poder judicial en Guatemala, además, remarcó que estas acciones son parte del debilitamiento del Estado de Derecho y de la independencia judicial en Guatemala.
En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (ACNUDH), destacó que Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, catalogó a Porras como una jueza reconocida por sus decisiones en materia de protección y garantías de los derechos humanos y el Estado de Derecho en la Corte de Constitucionalidad.
Asimismo, destacan que la expresidenta de la Corte fue reelegida para el cargo el 4 de marzo y debía reanudar sus funciones para otro mandato de cinco años recientemente.
ACCIONES DEBILITAN EL ESTADO DE DERECHO
En ese orden, Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, aseguró que le preocupa enormemente el uso sistemático de armas jurídicas para obstaculizar la toma de posesión de la jueza Porras. Un amparo de la Sala Primera de Apelaciones contra el Consejo Superior Universitario frenó su juramentación el pasado martes.
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Al mismo tiempo, añadió que Porras ha sido objeto de varias formas de acoso judicial, discursos de odio y campañas de estigmatización en las redes sociales, incluso por motivos de género.
«Estas acciones son parte del debilitamiento del Estado de Derecho y de la independencia judicial en Guatemala», dijo.
En el comunicado recordó que el pasado 3 de marzo de 2021, la Corte Suprema de Justicia admitió un nuevo pedido de destitución contra Porras y otro magistrado del tribunal, José Francisco de Mata Vela.
GARCÍA-SAYÁN: SE AFECTA LA INDEPENDENCIA, CREDIBILIDAD Y LEGITIMIDAD DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN SU CONJUNTO
Además, enfatizó que la decisión de retirar la inmunidad a los magistrados del Tribunal Constitucional debe ser tomada por el Congreso, luego que el 23 de marzo éste creó una comisión pesquisidora para analizar la petición.
«Estoy profundamente preocupado por estos actos de intimidación y represalias contra la ex presidenta de la Corte de Constitucionalidad… El uso indebido del procedimiento de destitución y otras medidas legales, que también se han utilizado contra otros magistrados titulares y suplentes de la Corte, parece tener como único objetivo interferir en el ejercicio independiente de la función judicial. Esto afecta la independencia, credibilidad y legitimidad del sistema de justicia en su conjunto”, afirmó.
Según García-Sayán, los jueces deben gozar de cierto grado de inmunidad en materia civil o penal en relación con las decisiones adoptadas de buena fe en el desempeño de sus funciones.
PROCESOS CIVILES O PENALES PUEDEN SER USADOS COMO FORMA DE COACCIÓN
Por otro lado, destacan que la inmunidad judicial se deriva del principio de independencia judicial y tiene por objeto proteger a los jueces de cualquier forma de intimidación, obstrucción, acoso o interferencia indebida en el ejercicio de su función profesional.
«Sin la inmunidad judicial, los procesos civiles o penales podrían ser utilizados como una forma de coacción o represalia para socavar la toma de decisiones independientes e imparciales, como demuestra el caso de Gloria Porras», mencionó.
Finalmente, enfatiza que, tras la decisión del Congreso de no juramentar a Porras, varios actores políticos que se han visto afectados por sus decisiones como Presidenta de la Corte de Constitucionalidad, han amenazado con interponer acciones civiles y penales contra ella.
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SOBRE EL RELATOR
García-Sayán (Perú) asumió sus funciones como Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados en diciembre de 2016, fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante dos mandatos consecutivos.
Durante su mandato, fue elegido Vicepresidente de la Corte (2008-2009) y Presidente de la Corte por dos períodos consecutivos (2009-2013). Tiene una larga experiencia de trabajo en cuestiones de derechos humanos en diversos ámbitos, entre ellos las Naciones Unidas y la Organización de los Estados
