WASHINGTON/AP
A medida en que el presidente Joe Biden actúa con apremio, su visión de los poderes de la Oficina Oval está tomando forma rápidamente, inspirada por predecesores demócratas que expandieron drásticamente el alcance del gobierno para confrontar crisis generacionales.
En una reunión reciente con historiadores y en conversaciones privadas con asesores, Biden consideró los ejemplos sentados por los presidentes Franklin D. Roosevelt y Lyndon Johnson en sus planes para usar las palancas de la autoridad ejecutiva para crear oportunidades y romper barreras.
A diferencia de Roosevelt y Johnson, que disfrutaron de formidables mayorías demócratas en el Congreso, Biden ha tenido que operar sin margen de error en un Washington fieramente partidista.
Nacido poco después del New Deal de Roosevelt y presentándose a sus primeras elecciones a la sombra de la Gran Sociedad de Johnson, Biden siempre ha creído en el gobierno como instrumento para el bien. Ahora, con la crisis de la pandemia de coronavirus y el desplome económico que causó, esa filosofía es puesta a prueba y el lugar de Biden en la historia está en juego.
Él ha optado por acciones trascendentales en lugar de graduales, dispuesto a dejar a un lado visiones de un Washington bipartidista en favor de resultados tangibles que podrían encontrar resonancia entre los votantes republicanos, aunque no en sus funcionarios electos.
“El presidente se expresó claramente sobre la crisis de democracia y está consciente de los factores y fuerzas que pudieran socavar el experimento estadounidense si no nos cuidamos de protegerlo”, dijo el historiador Michael Eric Dyson, que asistió a la sesión reciente. “No hubo dudas de que el presidente estaba preocupado de como tratamos a nuestros conciudadanos y está muy claro de que la trayectoria moral de Estados Unidos ha marcado una diferencia en las políticas nacional y exterior”.
En sus dos primeros meses en la presidencia, Biden ha firmado una ley de 1,9 billones de dólares de ayuda financiera y, en la última semana, propuso un plan de infraestructura e impuestos de 2,3 billones de dólares, y un paquete legislativo de dos partes dirigido a reformar radicalmente la economía estadounidense.
