Por Lourdes Arana
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El Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez ligó a proceso al exalcalde de San Miguel Dueñas Alejandro Fernández Cabrera, por el delito de peculado culposo. Fernández Cabrera habría extraído fondos los cuales declaró haber empleado para la compostura de un vehículo de la municipalidad, sin embargo, no fueron utilizados para la comuna de ese municipio.
Según la investigación realizada por la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), Alejandro Fernández Cabrera en su calidad de alcalde de la municipalidad de San Miguel Dueñas, durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, abusando de su cargo permitió que se sustrajera del erario municipal la cantidad de Q13,200.
La autorización de la sustracción de los fondos se realizó juntamente con el director de la administración Financiera Municipal.
El dinero fue sustraído para realizar un pago al propietario de un taller de enderezado y pintura por los servicios de repuestos, enderezado y pintura para un vehículo municipal, servicios que nunca se realizaron a dicha municipalidad porque el vehículo no se encuentra registrado a nombre de la municipalidad.
En este sentido, el MP consideró que se causó detrimento al patrimonio de la Municipalidad de San Miguel Dueñas, lo cual fue determinado por auditoría interna de la propia municipalidad y auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas.
ANTECEDENTES
La investigación se derivó de una auditoría financiera y presupuestaria que se realizó por la Contraloría General de Cuentas (CGC) en la Municipalidad de San Miguel Dueñas, la cual determinó que las autoridades municipales pagaron facturas a diversos proveedores de servicios que presuntamente no fueron prestados durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2016.
La CGC, por medio de una inspección física, corroboró que las direcciones comerciales de las empresas proveedoras de servicios para la comuna eran inexistentes, o no funcionaba ningún negocio en los lugares que figuran en los registros provistos.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía contra la Corrupción, los pagos por estos servicios presuntamente inexistentes ascienden aproximadamente a Q1 millón 200 mil.
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