POR MARIELA CASTAÑÓN
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Delfina Sánchez tiene 65 años, cuando vuelve la vista a su pasado, recuerda que dedicó casi la mitad de su vida a la clasificación de desechos en el vertedero de basura de la zona 3, y en toda su vida no pudo comprar una casa para su familia.
Tuvo un esposo alcohólico que falleció y le quedó la responsabilidad de sacar adelante a sus siete hijos, por lo que el destino la condujo a vivir en el asentamiento Manuel Colom Argueta, ubicado en la 8ª avenida y 29 calle de la zona 3 de la Capital. En una entrevista compartió con La Hora las razones que la llevaron a vivir en ese lugar.
“Todo el tiempo estaba posando (pidiendo posada) y tenía siete hijos. Cuando vinieron al botadero –a trabajar– estaban pequeños. Cuando oí la bulla que había invasión del otro lado me fui a meter, pero de ahí –del asentamiento Sandra Torres de Colom– me trasladaron para acá –asentamiento Manuel Colom Argueta– porque iban a meter a más gente. Nos trasladaron a 80 familias”, relata Sánchez.
De acuerdo con la entrevistada, no tuvo oportunidad de estudiar, pues sus padres consideraban que la formación académica era para “haraganes” y creían que lo mejor era buscarle un trabajo. Esa fue la razón por la que trabajó durante varios años en el botadero de la zona 3.
Sánchez dice que desconocía de los métodos anticonceptivos y de planificación familiar, y fue hasta que tuvo a su sexto hijo que una familiar le recomendó visitar la Asociación Pro Bienestar de la Familia (Aprofam), para informarse sobre el control de la natalidad.
“Es triste cuando el marido no le responde a uno y una tonta que se llena de hijos. Antes no se sabía de nada. Hasta que tuve a mi sexto hijo supe de Aprofam, una mi prima me llevó. <Vamos>, me dijo, <porque si no, te seguís llenando de hijos>. Yo no sabía nada de eso”, explica.
Actualmente Sánchez lamenta que el círculo de pobreza alcanzó a sus hijos, a quienes no pudo permitirles ir a la escuela y viven en una casa improvisada, afectados por el calor, la lluvia y la escasez de agua, en donde ni siquiera tienen una cama para descansar, por lo que algunos duermen en una colchoneta en el suelo.
Aunque existen personas altruistas que buscan mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los asentamientos, la ayuda es a corto plazo y no permite romper el círculo de pobreza y pobreza extrema en el que viven quienes no tienen oportunidades para procurar una vida digna.
ASENTAMIENTOS Y FAMILIAS
De acuerdo con Carlos Sandoval, portavoz de la Municipalidad de Guatemala, actualmente están registrados 586 asentamientos en la capital guatemalteca, principalmente en las zonas 18, 7 y 6.
“Por ejemplo en la zona 18 son alrededor de 260 comunidades y cada asentamiento tiene diferente cantidad de familias, de personas, es un número bien elevado”, explicó Sandoval.
Según el entrevistado, a estos lugares les prestan los servicios básicos como a cualquier otro vecino, pero esto es posible solo cuando existe un convenio entre instituciones del Estado y los afectados sin vivienda.
“Los asentamientos, a criterio de la Municipalidad de Guatemala, con los que ya estamos trabajando, son asentamientos que buscan una oportunidad de desarrollarse dentro de la ciudad capital y seguir creciendo como áreas; no se les puede negar los servicios básicos, sería inhumano”, refirió.
Sin embargo, según el funcionario, es evidente que pueden existir más asentamientos de los registrados, pero se encuentran en el anonimato para evitar ser movilizados del área donde están.
Sandoval indica que a partir de 2008 se implementó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que busca regular los espacios en la ciudad y al mismo tiempo, evitar que existan más asentamientos.
“Los asentamientos nunca se han autorizado, lo que pasa es que en el 2008, el Plan de Ordenamiento Territorial nos permite a nosotros regular con mayor prontitud todos los espacios de la ciudad capital”, dijo.
El entrevistado indica en estos lugares también persiste la “corrupción”, donde otros se benefician de la precariedad y alquilan esos espacios improvisados.
“Hay otro punto también, que hay personas de los asentamientos que se enteran que va a haber otro espacio y salen a buscar otras propiedades, nos han mencionado que las mismas familias salen a adueñarse de otros espacios y los rentan, en ese sentido hay mucha corrupción”, explicó Sandoval.
Por otro lado, según la Comuna no se cuenta con un dato específico de cuántas personas pueden vivir en estos lugares, sin embargo, un análisis de riesgo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) focalizó su atención en unas 12 mil 834 familias, que habitan en los asentamientos, y pueden ser afectadas durante la temporada lluviosa.
El informe dice que los lugares con mayor número de núcleos familiares son: Villa Nueva, con 4 mil 566; zona 18, con 3 mil 348; zona 7, 1 mil 855; zona 3, 774; zona 6; 533.
POLÍTICAS PÚBLICAS
Hilda Morales, Procuradora Adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), opina que es necesario impulsar políticas públicas integrales, para atender la problemática de las personas sin una vivienda digna, y esto pasa por la responsabilidad de diferentes instancias de gobierno.
“Eso tiene que ver con las políticas públicas, sobre todo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía, para que se busque que estas personas puedan tener la posibilidad de acceder a un empleo que les permita contar con un ingreso regular y constante; tiene que ver con las políticas del Estado, con el acceso a la formación académica”, dijo la entrevistada.
La Procuradora refiere que lamentablemente falta planificación por parte del Estado para proveer vivienda a quienes carecen de la misma y esto incide negativamente en la calidad de vida de las personas.
De acuerdo con la profesional, los habitantes de los asentamientos están expuestos a varios peligros y cuando son desalojados se quedan prácticamente en la calle, como sucedió recientemente con las familias del asentamiento Linda Vista, que se albergaban en El Periférico, en la zona 7.
Morales explica que durante la administración de la fiscal Claudia Paz y Paz se discutió un protocolo para llevar a cabo los desalojos y evitar situaciones violentas, sin embargo, desconoce si esa iniciativa concluyó.
“Se estaba discutiendo un protocolo de cómo llevar a cabo los desalojos y en principio se dijo en el Ministerio de Gobernación (Mingob), en la Instancia Nacional del Diálogo, que debería contarse con una alternativa para que en el momento del desalojo, las personas puedan ser trasladadas a otros espacios para seguir teniendo una vivienda, ese protocolo no si se existe, era de mucho interés del Ministerio Público (MP) en la gestión anterior”, refirió.
NO RESPONDEN
La Hora solicitó una entrevista o al menos información básica al viceministerio de Vivienda, a través de la oficina de Relaciones Públicas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), para conocer información sobre las acciones que realiza esta Cartera para atender la necesidad de las personas que carecen de un lugar donde vivir, pero no respondieron a la solicitud requerida. Lea el recuadro “Preguntas sin respuesta”.
Todo el tiempo estaba posando (pidiendo posada) y tenía siete hijos. Cuando vinieron al botadero –a trabajar– estaban pequeños. Cuando oí la bulla que había invasión del otro lado me fui a meter, pero de ahí –del asentamiento Sandra Torres de Colom– me trasladaron para acá –asentamiento Manuel Colom Argueta– porque iban a meter a más gente. Nos trasladaron a 80 familias”.
Delfina Sánchez
PREGUNTAS SIN RESPUESTA
La Hora formuló al menos cinco preguntas básicas para representantes del viceministerio de Vivienda. La solicitud se realizó a través de representantes de la Oficina de Relaciones Públicas del Micivi, quienes no atendieron el requerimiento.
1. ¿Qué acciones realiza el viceministerio de Vivienda para atender la necesidad de las personas que carecen de vivienda?
2. ¿Cuántos guatemaltecos carecen de una vivienda actualmente?
3. ¿Cuántas personas viven en asentamientos en toda la República?
4. ¿En qué condiciones viven quienes residen en asentamientos?
5. ¿Cuáles son las metas a corto plazo para atender la carencia de vivienda en el país?
