Tienen toda la razón los que dicen que no basta con pensar que para combatir la corrupción hay que meter a la cárcel a los corruptos sino que también es indispensable trabajar para mejorar los procedimientos administrativos para evitar ese robo descarado que se hace de los recursos del Estado. Desafortunadamente tenemos un sistema tan poroso, para decirlo de manera elegante, que lejos de tener instrumentos que hagan difícil la corrupción, todo está hecho para alentarla y facilitarla porque desde hace mucho tiempo que las disposiciones, leyes y reglamentos se hacen precisamente con ese perverso fin.
De momento no hay otro mecanismo que el de las acciones penales para tratar de, por lo menos, castigar con la cárcel a los sinvergüenzas que se enriquecen empobreciendo al pueblo, pero hasta ese último y extremo recurso está a punto de desaparecer por la forma en que se viene trabajando la conformación de todo el sistema de justicia, desde la Corte de Constitucionalidad hasta el último de los juzgados, pasando por las Salas de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Se proponen conformar todas esas instancias con quienes han sido “apalabrados” para asegurar impunidad a todos lo que han tenido o podrían tener señalamientos por distintas acciones relacionadas con la corrupción, desde el simple y burdo soborno hasta la malversación y el millonario y rendidor financiamiento electoral. Por ello es que son tantos los que están empeñados en concretar ese plan porque saben que se están jugando el todo por el todo.
Y por supuesto que necesitamos reformas profundas para definir procedimientos administrativos que privilegien la transparencia y hagan difícil los malos manejos, pero tristemente no se ve en el horizonte cómo lograrlo porque, de entrada, no tenemos una Contraloría General de Cuentas que pueda dar orientaciones ya que la misma es parte de todo el entramado de la corrupción y, por supuesto, debemos entender de qué lado juegan. Y tampoco en el Ejecutivo hay quiénes puedan estar pensando en el diseño de instrumentos que mejoren la calidad del gasto y que antepongan el interés público a la corruptela que nos carcome.
No digamos si tenemos que pensar en leyes como la de adquisiciones y contrataciones del Estado o la misma del Servicio Civil, puesto que ya sabemos que todo ello tendría que salir del Congreso de la República y ni siquiera el más ingenuo de los ciudadanos puede suponer que con esos diputados algún día pueda ser aprobada una ley que pretenda ponerle trabas al saqueo nacional. Por el contrario, como ha venido ocurriendo desde hace ya varios años, cada reforma o modificación que se hace es para hacer más fácil el robo porque, al fin y al cabo, de eso es de lo que viven tantos y de allí sale también el sobresueldo que no sólo permite estructurar avasalladoras aplanadoras legislativas, sino que los diputados puedan vivir a cuerpo de rey.
El recurso penal contra la corrupción no es el remedio ni debe ser el ideal, aunque tal y como vamos, ni eso quedará ya porque el Pacto va con paso firme.
