POR MANUEL GARCÍA
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El martes fue juramentado en el Congreso Mynor Moto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), pese a que hay recursos legales pendientes por resolver contra el proceso de elección que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) realizó para otorgar ese cargo.
En ese sentido, la organización Alianza por las Reformas (AR) señaló que “un Magistrado que asume el cargo violando la ley y la Constitución no es idóneo para integrar esa Corte”.
En un comunicado, AR explica que la juramentación del juez Mynor Moto avalada por 82 diputados del Congreso, es ilegal y acelerada. “Los congresistas no respetaron el artículo 156 de la Ley de Amparo, que establece que mientras no se resuelvan las impugnaciones pendientes continuaran quienes se encuentren ejerciendo el cargo en la CC”.
Alianza por las Reformas señala en un comunicado que Mynor Moto no puede tomar posesión en la Corte de Constitucionalidad. pic.twitter.com/KPY06RUEJv
— Diario La Hora (@lahoragt) January 28, 2021
La organización hizo un llamado “urgente” para que los magistrados de la CC resuelvan las acciones legales presentadas en contra de la juramentación de Moto y que quede sin efecto su nombramiento, cumpliendo con lo establecido en la ley “para salvaguardar el Estado de Derecho”.
Además, recalcan que deben ser resueltas las siete apelaciones que buscan que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), revise la honorabilidad de los candidatos y que se repita la elección.
En este sentido, sobre Moto, pesan tres antejuicios por retardar la justicia e intentar favorecer a señalados de corrupción, razón por la que AR lo considera una persona no idónea.
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“Causa dudas la rapidez con la que fue otorgado el amparo por medio de la Sala Primera presidida por el magistrado Wilber Castellanos Venegas, quien según las investigaciones de la Fiscalía Especial Contra de Impunidad (FECI), sostuvo comunicación con Gustavo Alejos señalado por intentar amañar la justicia. Castellanos meses atrás se pronunció en defensa de Moto por lo que debió inhibirse de conocer. Además, ha criminalizado a la jueza Erika Aifán, al fiscal Juan Francisco Sandoval y a activistas” señala AR.
La organización reiteró su preocupación por “la concertación de los tres poderes del Estado con las redes de impunidad para tomar el control de la CC. El objetivo es que esta emita resoluciones que continúen frenando la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Así como avalar la persecución en contra de los operadores de justicia independientes”.
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