Por Lourdes Arana
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La Sala Segunda de Mayor Riesgo, que anuló el proceso penal contra el exdiputado Armando Escribá en Año Nuevo, emitió una resolución similar en otro proceso penal, ahora beneficiando a 52 personas individuales y jurídicas señaladas por el supuesto lavado de Q350 millones sustraídos del IGSS en 2003, en el caso Fénix que también vincula a Gustavo Herrera.
El caso se encuentra a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, de la jueza Erika Aifán, por lo que este sería el segundo expediente asignado a esa togada que es anulado por los magistrados de esta Sala.
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Los magistrados suplentes que resolvieron anular el proceso penal a favor de los 52 implicados, a solicitud de los abogados defensores, son los mismos que beneficiaron al exdiputado Armando Escribá anulando el proceso en su contra:
1. César Aníbal Najarro López
2. Noe Moya García
3. Gloria Dalila Suchite Barrientos
César Najarro, además, integró la Sala Primera de Apelaciones que emitió un amparo a favor de Mynor Moto, para que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala lo declarara ganador de las elecciones por ese gremio para ocupar la magistratura titular de la Corte de Constitucionalidad.
FECI: ES UNA RESOLUCIÓN SOSPECHOSA, ARBITRARIA E ILEGAL
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, calificó la resolución de los magistrados de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, como «sospechosa, arbitraria e ilegal», por lo que indicó que presentarán una casación en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para revocar dicho fallo.
La Sala Segunda de Mayor Riesgo, anula otro proceso penal, beneficiando a 52 personas individuales y jurídicas que estaban vinculadas al caso Fenix por supuesto lavado de Q350 millones sustraídos del IGSS en 2003, y que también vincula a Gustavo Herrera. pic.twitter.com/jWqoaClnrR
— Diario La Hora (@lahoragt) January 27, 2021
ANTECEDENTES DEL CASO FÉNIX
Según las investigaciones de la FECI y en su momento la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se determinó la existencia de una estructura criminal organizada para lavar dinero, específicamente producto del traslado de fondos públicos al sistema financiero.
Esto se realizaba por medio de operaciones y personas que fueron detectadas desde 2003, pero nadie fue sentenciado por ese caso, incluyendo por personas que, a lo interno del Organismo Judicial (OJ), Ministerio Público (MP) y otras dependencias del Estado, realizaron una serie de actos que estuvieron encaminados y dirigidos a garantizar impunidad en los involucrados, explicó el MP en su momento.
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