Por Lourdes Arana
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Ana Lissette Morataya Paz, quien fungió como contadora de la Municipalidad de Chinautla, aceptó su responsabilidad en el caso Municipalidad de Chinautla, un Negocio de Familia y decidió someterse a un procedimiento abreviado. La jueza de Mayor Riesgo “C”, Silvia de León, la condenó este lunes por haber cometido el delito de falsedad ideológica.
La jueza de León dictó sentencia condenatoria en la vía de procedimiento abreviado, imponiéndole una pena de 3 años de prisión, así como el pago en concepto de reparación digna por el monto total Q.163,750.00, los cuales fueron divididos de la siguiente manera:
Q100 mil a la cuenta del Estado de Guatemala
Q21 mil 250 al Hospicio San José
Q21 mil 250 a Ayuvi
Q21 mil 250 a una casa hogar donde una niña necesita hormona de crecimiento para su desarrollo integral.
#AHORA
El Juzgado de Mayor Riesgo "C", dictó sentencia condenatoria en la vía de procedimiento abreviado en contra de Ana Lissette Morataya Paz, imponiéndole una pena de 3 años de prisión así como el pago en concepto de reparación digna por el monto total Q.163,750.00.— Diario La Hora (@lahoragt) January 25, 2021
EL CASO
Del 2008 al 2012, la familia Medrano Osorio y allegados tenían de 4 a 7 miembros que conformaban el Concejo de la Municipalidad de Chinautla, incluida la esposa del alcalde, Edgar Arnoldo Medrano Menéndez.
El 24 de abril de 2009, Medrano expuso al Concejo la necesidad de crear el fideicomiso Chinautla/Banrural. El listado incluía proyectos de vivienda mínima, pavimentación de calles y construcción de un sistema de alcantarillado, entre otros.
Seis de las empresas a las cuales los proyectos fueron adjudicados, habían sido creadas en un período de 15 días (del 13 al 30 de octubre de 2008). Todas tenían como contador a Gustavo Adolfo Soto Osorio, quien a su vez estaba contratado como auditor interno en la comuna de Chinautla, y también compartían a los mismos socios.
Morataya Paz, según la acusación de la Fiscalía dio declaraciones falsas del valor real de un inmueble. Ella permaneció prófuga de la justicia desde 2017 y se entregó en noviembre de 2020.
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