Fernando Mollinedo C.
Inicio el presente artículo definiendo la palabra DIGNIDAD la cual según debe entenderse como: “Excelencia, realce, mérito o condición de alguien o algo, merecedor de algo” o bien como “la cualidad de lo digno, gravedad y elevación noble en el carácter, sin rayar en orgullo ni pasar los límites de ese majestuoso decoro que cumple a cada cual ostentar para ocupar u ostentar un puesto en la sociedad”.
Lo anterior es necesario para entender y comprender la importancia de ejercer acciones que conllevan el dirigir la administración del gobierno y municipalidades, teniendo la potestad (el poder) de gastar dinero proveniente de la captación de impuestos para la realización de las obras públicas.
Guatemala desde que inició su administración como Capitanía General, Provincia, Estado, País y República durante la conquista, época colonial e independiente ha sido objeto de hurtos, robos, apropiaciones indebidas y otras muy variadas formas de despojo de sus bienes muebles e inmuebles.
Los funcionarios y empleados que han tenido la llave del arca en las diferentes dependencias, ministerios, alcaldías, secretarías, municipalidades han dispuesto del dinero público cual si fuese su patrimonio particular invirtiendo grandes cantidades de dinero en obras de beneficio para el grupo económico élite, dirigentes políticos y religiosos y círculos íntimos de amistades privadas.
Es lamentable que los objetivos originales del servicio público como mérito que se adquiere sirviendo al Estado, hayan sido desvalorizados por personas desvalorizadas moralmente sin ética ni responsabilidad. Eso les ha valido a través del tiempo ser catalogados socialmente en sentido amplio como INDIGNOS, debido a sus acciones reprobables por su inobservancia de honradez y decencia en el manejo de los caudales públicos.
Los responsables, muy rara vez han sido castigados porque como miembros o financistas particulares de los partidos políticos han asegurado su impunidad ante la justicia. Algunas veces, fueron objeto de procesos penales que llegan a sentencias absolutorias o en su caso irrisorias en cuanto a la pena a purgar por los delitos cometidos y comprobados; les otorgan libertad por falta de mérito, falta de pruebas y otros argumentos legales que retuercen algunos jueces indignos en favor de los empleados y funcionarios públicos procesados.
El servicio público en Guatemala pasó de ser un honor a la calidad de “botín político”; es decir, que se politizó la administración para el uso de intereses económicos personales, gremiales, religiosos y hasta multinacionales; la calidad del servicio está mayoritariamente en manos de personas incapaces, inexpertas con conductas abusivas, prepotentes, malcriadas e irrespetuosas cual si no supieran que los usuarios o afiliados pagan sus sueldos y merecen un trato respetuoso.
La población y los ciudadanos contribuyentes esperan la respuesta del Estado por medio de su administrador, el gobierno, para la satisfacción de los problemas ingentes actuales y los que se arrastran desde hace muchos años. Para eso se han pagado y pagan sus impuestos ¿O no se oye padre?
