Ayer se presentó un nuevo caso de corrupción investigado por la fiscalía específica para ese tipo de delitos y resulta que la institución encargada de llevar el control del buen uso de los recursos públicos es la señalada por haber, precisamente, hecho mal uso del dinero que tiene asignado para el desempeño de sus funciones. El hecho fundamental aquí es señalar que la Contraloría General de Cuentas de la Nación no sólo no cumple con realizar la supervisión y fiscalización del gasto público, sino que además es parte de las redes de corrupción que existen en Guatemala. Hace algún tiempo uno de los funcionarios de la Contraloría, que había hecho señalamientos contra otras personas, resultó involucrado en un proceso porque en sus horas libres se dedicaba a extorsionar a personas que podían tener problemas por auditorías de los contralores.
Siempre hemos dicho que la CGCN es una inútil entidad porque desde siempre se elige como Contralor General a quien asume el compromiso de ser tapadera de la corrupción y en eso no hay excepciones porque históricamente ha sido imposible que se designe para el cargo a alguien que realmente se proponga ejecutar las funciones de acuerdo con lo que establece la Constitución y la ley específica que regula el régimen de control sobre los recursos del Estado.
Y también hemos dicho que la corrupción se ha extendido como mortal cáncer por todo el aparato estatal sin dejar santo parado porque, tristemente, se perdió el sentido del servicio público y tanto funcionarios electos como nombrados, todos se agregan gustosos al pacto de corruptos que ha logrado afianzar la Dictadura de la Corrupción en el país.
Sin una Contraloría eficiente para auditar todas las operaciones que impliquen erogación de dinero público es imposible atajar la corrupción, por más auditoría social de la que se quiera hablar. Porque resulta que los vericuetos existentes en la legislación son tantos y de tal calibre que la puerta está abierta de par en par para que se puedan producir mañoserías que le cuestan un ojo de la cara al pueblo. Se ha estimado que un 25 por ciento del gasto público, por lo menos, se va en corrupción y de todo eso la Contraloría ni se da cuenta, no por incapacidad sino por doloso acuerdo entre quienes la dirigen con quienes dirigen todo el podrido aparato estatal.
Si la Contraloría es lugar donde se hacen negocios y las compr