Por FRANKLIN BRICEÑO
LIMA
Agencia AP
Human Rights Watch dijo ayer que la policía de Perú usó armas antidisturbios de forma «irresponsable y peligrosa» y disparó perdigones de plomo y canicas contra los manifestantes durante la crisis política de noviembre en la que se sucedieron tres presidentes y hubo dos muertos y más de 200 heridos.
La organización de derechos humanos añadió en un comunicado que Perú debe derogar las leyes que le dan inmunidad legal a los policías que matan o lesionan en «el cumplimiento de su deber».
«El presidente Francisco Sagasti ha dado un paso importante al convocar una comisión para mejorar el desempeño policial. Ahora su gobierno debería liderar esfuerzos para impedir que vuelvan a cometerse abusos contra manifestantes», dijo José Vivanco, director para las Américas de HRW.
La organización con sede en Nueva York realizó una investigación de varias semanas en las que revisó documentos y realizó decenas de entrevistas a las víctimas y autoridades policiales.
Las evidencias recogidas señalaron «de manera sólida y creíble» que la policía usó escopetas calibre 12 para disparar perdigones de plomo y canicas de vidrio directamente contra los manifestantes en violación de sus propios protocolos que prohíben el uso de esas municiones, dijo HRW.
En medio de la pandemia del nuevo coronavirus, el Congreso peruano destituyó el 9 de noviembre al entonces presidente Martín Vizcarra tras acusarlo de corrupción sin pruebas concluyentes y tomando como base una investigación fiscal en desarrollo.
La salida de Vizcarra generó manifestaciones que se extendieron por todo el país.
El gobierno de su sucesor, el ultraconservador de Manuel Merino, un legislador que había orquestado la caída de Vizcarra, reprimió con dureza a los manifestantes. El pico de violencia ocurrió la noche del 14 de noviembre cuando dos manifestantes murieron por heridas causadas por perdigones de plomo.
Acosado por las muertes y la impopularidad de su mandato, Merino renunció el 15 de noviembre y al día siguiente el legislador Sagasti fue elegido presidente por el Parlamento.
Además de los muertos, hubo más de 200 manifestantes heridos, según las autoridades. De esos, 17 fueron hospitalizados por al menos una semana debido a la gravedad de las heridas, «como trauma encefálico, lesiones en varios órganos causadas por perdigones y un caso de un proyectil alojado en la médula de un manifestante», dijo HRW.
La policía no sólo atacó a los manifestantes sino que lesionó a 10 periodistas que cubrían los hechos, algo que no se había visto en el país desde el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por corrupción y violación a los derechos humanos. También se documentaron otros 13 casos de policías que golpearon a periodistas o intentaron confiscar sus equipos.
Los agentes también retuvieron al menos a 57 manifestantes, de los cuales por lo menos 39 quedaron bajo custodia policial por aplicación de una norma que permite a los agentes retener a alguien no más de cuatro horas para comprobar su identidad si no lleva documentos. «Esa disposición es excesivamente amplia y puede propiciar que se cometan abusos», apuntó Human Rights Watch.
La Fiscal General Zoraida Avalos investiga por homicidio doloso al expresidente Merino, a su ex primer ministro Antero Flores-Aráoz y a su exministro del Interior, Gastón Rodríguez. La investigación también buscará determinar si se cometieron lesiones graves, leves y desaparición forzada de personas.
La Fiscalía también realiza una segunda investigación contra los policías que habrían perpetrado los abusos.
A un mes de las muertes de los manifestantes no se conoce ninguna sanción disciplinaria a los agentes que habrían dirigido y participado en los operativos contra los manifestantes.
«El sistema disciplinario de la Policía Nacional del Perú no garantiza ni independencia ni transparencia, dijo HRW en el comunicado.
