Preservando no sólo la jurisprudencia existente sino el mismo mandato establecido en el texto legal, el Pleno de la Corte de Constitucionalidad otorgó el Amparo interpuesto por el Procurador de Derechos Humanos contra el espurio antejuicio al que dio trámite la Corte Suprema de Justicia en contra de los magistrados Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, quienes no integraron ese pleno, dejando la responsabilidad de analizar el caso y resolver en los magistrados Roberto Molina Barreto, María Cristina Fernández, María de los Ángeles Araujo, Mynor Par Usen y José Rolando Rosales. Tampoco participaron Dina Ochoa ni Henry Comte, los magistrados titular y suplente escogidos y arropados por Jimmy Morales.
Fernández, Par Usen y Rosales votaron a favor del Amparo basados en el artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad que indica que los Magistrados de la CC ejercerán sus funciones con independencia del órgano que los designó y que no podrán ser perseguidos “por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus cargos a través de sus resoluciones”. Molina Barreto razonó su voto en contra sobre el principio de que ningún funcionario es superior a la ley, pero como abogado no se percató o le importó un pepino que en este caso es la ley la que establece que no se les puede juzgar por sus resoluciones, lo cual era de esperar, igual que Araujo quien, como esposa del abogado William Méndez, condenado en un proceso abreviado por el delito de influir en testigos para proteger a Alejandro Sinibaldi, no podía votar de otra manera.
Mientras resolvía la CC, en el Congreso la Junta Directiva encabezada por Allan Rodríguez hacía micos y pericos para avanzar con la conformación de la pesquisidora, tramitando el antejuicio pero sin lograr el número suficiente de diputados para siquiera realizar la sesión. No olvidemos que Rodríguez y sus diputados, Giammattei y su gente, así como los magistrados de la CSJ, todos están en una misma línea y comprometidos con el pacto para quitar ese obstáculo que para ellos ha sido la Corte de Constitucionalidad que ha sido el último garante del Estado de Derecho frente a los desmanes de la Dictadura de la Corrupción.
Por supuesto que ya sabemos que esa gente no respeta los fallos de la CC y ahora sienten pasos de animal grande por el cambio político en Estados Unidos que no solo puede significar retiro de visas sino sanciones más severas y fuertes contra todos los principales actores del Pacto, tanto políticos como particulares, responsables del descalabro nacional.
