Jorge Morales Toj
El día 21 de noviembre quedará grabado en las páginas de la historia de nuestro país, porque nuevamente el pueblo de Guatemala ha salido a las calles a ejercer su derecho constitucional de manifestar y de expresar su inconformidad y su rechazo a la clase política y a las acciones del gobierno y del congreso.
Una vez más las plazas se vieron colmadas de ciudadanos hartos de la desfachatez y el cinismo de la clase politiquera que tiene a nuestra Guatemala de rodillas. Quetzaltenango, Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Escuintla, Sacatepéquez y la ciudad capital de Guatemala se vieron abarrotadas de miles de ciudadanos defendieron sus derechos y reclamando la renuncia del presidente y de los diputados del congreso de la república.
Cuando miles de familias están sobreviviendo a las consecuencias del huracán Eta e Iota y estamos esquivando el Covid-19, los diputados afines al oficialismo. Como es conocido en derecho penal, los diputados con premeditación, nocturnidad, alevosía y ventaja aprobaron el presupuesto más grande en la historia de nuestro país, anteponiendo sus intereses, endeudando al país, dejando sin recursos a programas de lucha contra la pobreza y la desnutrición. Un presupuesto que es para pagar favores políticos a sus aliados.
La aprobación del presupuesto y la actitud complaciente del presidente con sus secuaces del congreso fue lo que rebasó el vaso. Pero hay un cúmulo de situaciones que se han venido indignando al pueblo de Guatemala. Ejemplos: la forma en que se ha manejado la crisis del Covid-19, ya que el apoyo a los más necesitados nunca llegó y existen serias sospechas de la corrupción en el manejo de los programas y prestamos aprobados; la actitud del congreso de no elegir a las cortes y tratar de manipular la elección en su favor; el constante hostigamiento a instituciones que velan por los derechos humanos y el Estado de Derecho, como lo son la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad; la grave crisis económica por la que atraviesa el país y que afecta los más marginados y desposeídos; la nula atención a las afectados por los huracanes ETA e IOTA, que aún siguen esperando la respuesta del gobierno.
Aunado al cúmulo de situaciones que vive el país, la actitud de algunos funcionarios que dicen que “les pela la forma que distribuyan los recursos” y la indiferencia del congreso de atender las demandas sociales y de brindar recursos programas que tienen que ver con la erradicación de la pobreza, el acceso a la tierra, atención a la conflictividad agraria. Otro aspecto, es la intención del congreso de limitar el acceso a la información pública. Todo se ha acumulado y el pueblo demanda cambios profundos.
El 21 de noviembre la manifestación pacífica de la plaza fue reprimida por la brutalidad policiaca, ordenada por los altos mandos del ministerio de gobernación. La represión indiscriminada de las fuerzas de seguridad hacia ciudadanos que estuvieron en la plaza pacíficamente. Las detenciones ilegales, la infiltración de agentes del Estado en la manifestación para provocar daños, los golpes a periodistas y defensores de derechos humanos son una muestra del terrorismo de Estado.
Los miembros del organismo ejecutivo y legislativo están provocando la ira del pueblo
