MADRID
Agencia DPA/Europa Press
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), heredero de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ha firmado ayer un nuevo compromiso de paz con el Gobierno tras la movilización a nivel nacional convocada por los exguerrilleros hace dos semanas.
«Llegamos a cuatro compromisos con el Gobierno colombiano gracias a la peregrinación por la vida y por la paz», ha señalado en su cuenta de Twitter el partido, que ha especificado que las partes han establecido cuatro puntos, entre los que se encuentra reunirse con el presidente, Iván Duque.
Además, han acordado que se logren garantías de seguridad, la implementación integral del acuerdo de paz y la protección de las «tierras para la reincorporación». El nuevo compromiso se produce después de que unos 2.000 exguerrilleros llegaran a Bogotá, la capital del país, para pedir al Gobierno protección ante el gran número de asesinatos registrado en el país.
A lo largo de este año han sido asesinados 236 antiguos combatientes de las FARC, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. «Agradecemos a las casi 2.000 personas que peregrinaron y quienes resisten en los territorios, a las personas que nos acompañaron en carreteras y ciudades», ha señalado la formación.
En este sentido, ha reivindicado «la movilización social como la mejor forma para lograr cambios» y ha defendido que «el mejor garante es el pueblo colombiano». El partido ha destacado, además, que es «firmante de la paz», por lo que «no desea más muertes».
Tras la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC, en noviembre de 2016, unos 11.000 integrantes y militantes del grupo rebelde se desmovilizaron y dejaron sus armas; de estos, unos 3.400 se ubicaron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para desarrollar proyectos productivos como parte de su proceso de reinserción a la vida civil.
Sin embargo, algunos antiguos ETCR (cuya vigencia legal fue de sólo 24 meses, pero cuyas instalaciones aún se mantienen y ahora forman parte de los municipios) son objeto de presiones, amenazas y hostigamientos por parte de grupos armados ilegales relacionados con narcotráfico.
