Marco Trejo
Los Estados Unidos de Norteamérica ha iniciado una lucha frontal contra los politiqueros y funcionarios que se vean involucrados en actos de corrupción, tal es el caso de lo que sucedió esta semana que le fue quitada la visa a la exdiputada Delia Bac y al congresista Felipe Alejos, quienes han sido beneficiados con resoluciones jurídicas que no soy muy claras, mucho menos transparentes.
El anuncio donde se señala de corruptos a la controversial ex congresista Delia Bac y al diputado Felipe Alejos Lorenzana fue realizado por medio de un mensaje, desde su cuenta de tuiter, del secretario de Estado, Mike Pompeo, quien reveló que los dos mencionados, así como sus familiares más cercanos, no son elegibles para entrar a territorio de los Estados Unidos.
El retiro de las visas forma parte de la política del país del norte, para sancionar públicamente actos de corrupción como los que se le atribuyen a Bac y Alejos, y que según Pompeo, socavaron el Estado de Derecho en Guatemala. La restricción alcanza a los miembros de la familia inmediata de los designados.
Este anuncio se da después de la llegada del nuevo embajador William W. Popp, quien se ha declarado, desde su postulación, como un asiduo enemigo de la corrupción latinoamericana. Desde su arribo al país el diplomático Popp se ha reunido con los funcionarios que dirigen las instituciones que tienen a su cargo la persecución penal, lo cual es un claro mensaje de lo que va a pasar en los próximos meses.
Cabe mencionar que la exdiputada Delia Bac se encuentra señalada del delito de concusión, debido a que fue beneficiada por el Consejo de Desarrollo de Sacatepéquez donde fue aprobada la construcción de una carretera, ubicada en el kilómetro 46.5 de la ruta Interamericana, la cual conduce hasta un negocio particular de la familia de la sindicada.
Los documentos que justifican la obra, que costó Q1.9 millones, señalan como beneficiarios a los vecinos de aldea El Paxtal, una población que no existe en los registros catastrales. Aunque la Fiscalía contra la Corrupción promovió un antejuicio contra Bac, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la protegieron, pero la causa evitó que pudiera acceder a otro cargo público.
Mientras tanto, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) ha vuelto a presentar una solicitud de antejuicio contra Alejos, por su supuesta participación en el caso Traficantes de Influencias que documenta la devolución de crédito fiscal a cambio de sobornos. En este otro caso la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha rechazado cuatro veces la solicitud y se espera que la quinta sea la vencida. A diferencia de Bac, Alejos sí logró ser reelecto por el partido Todos y ahora mantiene una pugna directa con la bancada oficial.
La que si conserva inmunidad es la hija de Bac, Eva Monte, quien ostenta el cargo de diputada al Parlacen, quien tampoco puede viajar a los Estados Unidos por la restricción de las visas. Tanto Alejos como Bac, incluso Monte no han mostrado preocupación por la decisión del gobierno federal y tomaron a la ligera el retiro del documento migratorio.
Es importante señalar, que este anuncio, es una clara muestra de las intenciones de los funcionarios de los Estados Unidos en mantener una postura anti corrupción, debido a que se ha mencionado que, este tipo de actos, van en detrimento de la sociedad y que impide el desarrollo de las naciones, porque el dinero. que debe ser invertido va a parar a los bolsillos de politiqueros que actúan con total impunidad.
Este tipo de acciones nos vienen a demostrar que los guatemaltecos debemos de luchar, porque se elijan las Cortes idóneas, que permitan que se haga justicia para todos los que se vean involucrados en actos reñidos con la Ley, pero que en este momento únicamente dejan mal sabor de boca entre la población. No debemos permitir que las Cortes sigan cooptadas y beneficien a sus operadores políticos.
El esfuerzo que se hizo en el 2015 ha quedado olvidado y nos demuestra que la cleptocracia sigue vigente y que por lo tanto, supone la institucionalización de la corrupción y del robo en beneficio de los gobernantes. Un claro ejemplo es la destitución del director de Caminos, Fredy Chojolán, que ahora tendrá que dilucidar, ante los tribunales de justicia, porque sus familiares han sido beneficiados con proyectos multimillonarios.
