Por Lourdes Arana
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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) planteará una acción constitucional de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, por la resolución del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes rechazaron in limine la solicitud de retirarle la inmunidad al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ranulfo Rojas, por el caso Fénix.
“Con respecto al rechazo liminar que realizó la Corte Suprema de Justicia con relación al planteamiento realizado en el caso conocido como Fénix, respecto del magistrado del TSE, Ranulfo Rafael Rojas Cetina y en el análisis de la fundamentación que tuvo la CSJ para dicho rechazo, plantearemos acción constitucional de amparo ante la CC, con el propósito de exponerle al máximo tribunal constitucional respecto de los agravios que dicha resolución causa”, confirmó el titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
RECHAZO DE LA CSJ
El 21 de octubre, por mayoría, el pleno de magistrados de la CSJ decidió rechazar la solicitud de retiro de inmunidad del magistrado del TSE, Ranulfo Rojas para que pueda ser investigado por la FECI dentro del caso Fénix. Rojas antes de ser elegido para el TSE, fue magistrado titular de la CSJ.
Las magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales Aceña, votaron disidente acerca del fallo de esta solicitud de antejuicio.
EL CASO
La solicitud de retiro de inmunidad del magistrado del TSE, Ranulfo Rojas, la planteó la Fiscalía para que pudiera ser investigado por los delitos de obstrucción de la justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, por su presunta vinculación en el caso Fénix relacionado a Gustavo Herrera.
Según los indicios presentados por esa Fiscalía, el magistrado del TSE pudo haber cometido esos delitos cuando fungía como oficial del Ministerio Público (MP), al tener control sobre expedientes que “tienen como común denominador” al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y una estructura liderada por Gustavo Adolfo Herrera Castillo.
Rojas Cetina pudo haber retardado intencionalmente las acciones penales dentro del caso en beneficio de los sindicados, ya que, al no avanzar los procesos, la determinación de la responsabilidad penal quedó impune en favor de estos, informó en su momento la Fiscalía.
