Por EVA VERGARA
SANTIAGO DE CHILE
Agencia AP
Decenas de miles de chilenos conmemoraron ayer el primer aniversario del estallido social que en 2019 derivó en protestas masivas que obligaron a los políticos a pactar un plebiscito para reemplazar la Constitución legada por la pasada dictadura militar (1973-1990)
Mientras los manifestantes festejaban pacífica y festivamente en la Plaza Italia —el principal centro de las protestas en la capital chilena— en calles aledañas encapuchados atacaron dos iglesias, incendiaron una oficina de seguridad social y vandalizaron algunos comercios.
La manifestación, convocada por llamados anónimos en redes sociales, se desarrollaba bajo estricta vigilancia policial para evitar desórdenes y desmanes. La policía desplegó 40.000 del total de 60.000 efectivos en las calles y calculó que hubo unos 25.000 manifestantes, aunque sus estimaciones suelen ser inferiores a las de grupos sociales y de la prensa.
Grupos de encapuchados atacaron a media tarde una parroquia institucional de la policía que a comienzos de año fue incendiada por enmascarados. Los sujetos sacaron algunos objetos y armaron una barricada encendida en la calle, mientras en el interior hubo un brote de incendio controlado por el carro lanza agua de la institución y luego por bomberos. Al anochecer, el fuego se reactivó y las llamas envolvieron el inmueble.
Horas antes, incendiaron la iglesia de La Asunción, cercana al centro de las protestas pacíficas, que fue consumida por gigantescas llamas que envolvieron el edificio y consumieron por completo su cúpula y el campanario. También hubo algunos saqueos en comercios de estaciones de gasolina. Además, prendieron fuego a oficinas de una empresa de seguros que no pudo ser apagada por bomberos debido a que incidentes cercanos les impidieron trabajar. Al atardecer, los sujetos levantaron más barricadas encendidas.
También hubo desórdenes en barrios periféricos de la ciudad y una distribuidora de gasolina fue incendiada en la comuna de Puente Alto, donde enmascarados suelen manifestarse violentamente.
El ministro del Interior, Víctor Pérez, en declaraciones desde el Palacio de Gobierno de La Moneda, dijo por la noche que «tenemos que lamentar pocos hechos de violencia», y calificó los ataques a las iglesias como «una expresión de brutalidad». Añadió que el gobierno «tiene conciencia de que los grupos violentos van a tratar de seguir actuando y generando daños y perjuicios».
Las protestas que siguieron al estallido social del 18 de octubre de 2019 eran muy masivas y pacíficas, pero hacia fines de noviembre grupos de encapuchados saqueaban negocios, iniciaban incendios en algunos comercios y se enfrentaban violentamente a la policía.
Manifestaciones estudiantiles contra un alza de 30 pesos en los pasajes del metro (0,04 centavos de dólar) fueron seguidas por el caos que hace un año que centró su furia en daños a las estaciones del subterráneo y supermercados y de marchas que sacaron a la luz el profundo descontento ante las desigualdades sociales.
Los políticos concordaron un plebiscito para reemplazar la Constitución de la dictadura que se realizará el próximo domingo y en el que pueden participar 14,7 millones de chilenos.
Camila Flores, prevencionista de riesgo, dijo a The Associated Press que volvió a protestar porque «nos dimos cuenta que si estábamos en la calle podemos conseguir los cambios».
«Los políticos nunca nos han dado la oportunidad de ser parte del cambio, de demostrar que somos capaces de ser parte del cambio», añadió.
Un joven que se identificó como Fabián señaló que a un año del estallido social «no tenemos ningún cambio, la salud sigue igual. Venimos hace un año luchando por (mejoras a) las pensiones, sueldos».
A media tarde algunas estaciones del metro fueron cerradas por «manifestaciones en el exterior», indicó el servicio en su sitio en línea, mientras el transporte público anunció el término anticipado de sus recorridos debido a las protestas.
Las protestas luego del estallido se tornaron menos masivas hacia fines de noviembre, y se incrementaron los destrozos en la vía pública y saqueos a pequeños comercios, protagonizados por encapuchados que se enfrentaban violentamente con la policía. Las manifestaciones quedaron relegadas a una por semana y cuando empezaban a crecer numéricamente, fueron acalladas por completo por la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus, en marzo.
La mayoría de los manifestantes lucían mascarillas, cuyo uso es obligatorio en Chile, donde el nuevo coronavirus sigue presente con un promedio que oscila de 1.500 a 2.000 nuevos casos diarios. El país sudamericano acumula 491.760 contagiados y 13.635 fallecidos.
