Raúl Molina
Izabal, departamento privilegiado con bellezas naturales, tierras fértiles y abundantes recursos, ha sido siempre codiciado por los “poderosos”, antes por las invasiones piratas durante la colonia y ahora por las organizaciones criminales. A principios del siglo XX, la Compañía Frutera se asentó ahí, para cultivar el banano y apropiarse de Puerto Barrios, punto final del ferrocarril desde la capital y punto de partida de navegación hacia los puertos estadounidenses. La maldición del “pulpo verde” cayó sobre el territorio, con su cauda de violencia y muerte. Al derrocarse a Árbenz en 1954 y recuperar la Frutera las tierras que se le habían confiscado con la reforma agraria, desató su venganza contra el campesinado que las había trabajado, con las primeras masacres de pobladores de Izabal. De la mano de gobiernos represivos, surgieron los terratenientes de la zona, usurpando tierras y apropiándose de grandes extensiones territoriales. Y el descubrimiento de níquel abrió la puerta para que una empresa canadiense recibiera la concesión de su explotación, con el nombre de Exmibal, bajo una ley que fue escrita, aprobada y firmada en inglés.
Con el fracaso del movimiento insurreccional del 13 de noviembre de 1960, los alzados debieron refugiarse en la Sierra de las Minas. Ahí surgió la primera guerrilla, FAR, la cual fue atacada brutalmente por el ejército, recurriendo incluso a bombardear con napalm desde aparatos aéreos. Arana, jefe militar al que se le dio el apelativo de “chacal de oriente”, fue el encargado de pacificar la zona, entre 1966 y 1970, concentrando las acciones en la represión de los campesinos que se negaran a colaborar. Pronto las FAR se retiraron de la zona, y el ejército, a base de repetidas masacres, estableció su control de la región. Para 1978 ya no había guerrilla en el lugar; pero sí conflictos de tierras y recursos, por la constante presión de finqueros y mineros por expropiar las tierras campesinas, usando violencia y compra-venta amañada. El campesinado resistió y los “poderosos” recurrieron al ejército para reprimirlos. El 29 de mayo se perpetró la masacre de Panzós, de más de 100 campesinos, incluida Mamá Maquín, su lideresa. No había guerrilla, simplemente era Pueblo, que cayó en la cobarde trampa del ejército asesino, de lo cual puedo dar fe, como integrante por USAC en la comisión que investigó el hecho. Sin presencia guerrillera que la justificara, la región fue militarizada con el resultado de muchas vidas perdidas y recursos robados. Se firmaron los Acuerdos de Paz, hace casi veinticuatro años, y las cosas en Izabal siguen siendo las mismas, como maldición, ya no del “pulpo verde” sino que de los uniformes verdosos del ejército. Siempre son enviados a violentar al campesinado para garantizar que los grandes finqueros y mineros no pierdan lo que han robado y explotado. El estado de sitio decretado por Giammattei es un abuso autoritario, que debemos rechazar con contundencia. En ley, nacional e internacional, es tiempo de que los usurpadores, unos pocos nacionales y otros de apellidos extranjeros, devuelvan las tierras y recursos que han sustraído al campesinado y a comunidades indígenas.
