Bien se dice que el pez por la boca muere y en este caso ha sido el Ministerio Público el que, por propia iniciativa y para quedar bien con los altos mandos del Ejército, difundió en las redes sociales que sus expertos en escuchas telefónicas que se realizan por orden judicial y bajo estricto control, estaban dando un curso a miembros de la inteligencia militar sobre cómo tener acceso a las informaciones que guardan los ciudadanos en los teléfonos portátiles de la red de celulares.
La ley faculta las escuchas telefónicas y ese mecanismo tiene que ser autorizado por un juez, lo cual ha contribuido en mucho a establecer delitos cometidos por el crimen organizado. Cuando se instaló la unidad específica para ese trabajo se hizo de manera pública y los encargados fueron debidamente entrenados sobre la forma de realizar su labor y quedan sometidos a esa majestad de la ley que impide que la tecnología se use para labores de puro espionaje, sea éste político o militar.
Por supuesto que se sabe que en Guatemala hace mucho tiempo que las comunicaciones no son confidenciales y que aparte del Ministerio Público hasta particulares tienen acceso a sus propios sistemas escuchas telefónicas. En el gobierno anterior el entonces ministro de Gobernación, Francisco Rivas, hizo público que el Ministerio disponía de uno de esos sistemas y lo entregó a las autoridades correspondientes para ponerle fin a posibles intrusiones que pusieran en peligro la privacidad garantizada por la Constitución de la República.
Pero ahora resulta que el Ministerio Público se encarga no sólo de realizar escuchas sino de entrenar a personas que, ellos deben saberlo mejor que nadie, no tienen ninguna facultad legal para realizar tales acciones. Por fortuna el gesto lambiscón de difundir en redes sociales esa “cooperación” con el Ejército permitió que se conociera el hecho que, inicialmente, fue confirmado por el vocero militar quien explicó las distintas labores de inteligencia que se realizan, entre ella la que hacen las fuerzas armadas. Posteriormente no solo se eliminaron los mensajes en las redes sociales sino que todos se retractaron al darse cuenta de la gravísima responsabilidad penal que se deriva de ese gesto de andar entrenando a personas no autorizadas por ley para que hagan escuchas telefónicas.
Es obvio que la Fiscal General tiene su peculiar modo de entender su trabajo y por lo visto quiere más ayuda en eso de ser eterna vigilante, por lo cual recurre a alianzas importantes que le puedan servir en el esfuerzo, ya en marcha, para ser nombrada para otro período.
