Oscar Clemente Marroquín
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Ni siquiera en las más aventuradas novelas de ficción se llega al punto de suponer que un Presidente de Estados Unidos podría actuar como lo hacen tantas Repúblicas Bananeras, imponiendo Estado de Sitio que suprime el respeto a las garantías individuales entre las que está el derecho no sólo a la libre expresión sino a la libertad de manifestación. El sistema político norteamericano tenía tal régimen de pesos y contrapesos que ese tipo de abuso era imposible de imaginar porque se suponía que inmediatamente los mecanismos de control constitucional actuarían para impedir cualquier desaguisado que comprometiera la vigencia de los derechos civiles.
Sin embargo, así como ha pasado en Izabal y Alta Verapaz, los Estados de Oregón e Illinois sufren el atropello del envío de fuerzas federales comandadas por el Departamento de Seguridad Interior, conformadas por contingentes con uniformes militares para tomar control de ciudades como Portland y Chicago a fin de reprimir a manifestantes que están reclamando un trato digno de parte de las fuerzas policiales. Y como si fuera uno de aquellos países donde se usaba una panel blanca para llevarse a los “enemigos del régimen”, las fuerzas que visten camuflaje sin distintivo alguno, rempujan a los capturados en vehículos sin placa sin que sean consignados en ningún tribunal, tal y como ordena la ley.
El sistema de gobierno federal difiere mucho al de las repúblicas bananeras y el establecimiento de la Ley Marcial fue tema de un intenso debate hace dos siglos pero el asunto quedó zanjado porque la Constitución preserva el derecho de cada uno de los Estados para ejercer la función policial, salvo en el caso de delitos que se consideran federales y que pueden ser investigados por entidades como el FBI y la DEA.
La supresión de las garantías a los derechos individuales es un anacronismo que aún en países como Guatemala empieza a ser notado por mucha gente que entiende que no hace falta restringir derechos para enfrentar problemas en ningún país del mundo. Por supuesto que acá, con gobiernos que tienen tanto resabio de lo que dejaron las viejas dictaduras del país, ser recurre con la mayor facilidad a implantar Estado de Sitio y los dos últimos gobiernos, el de Morales y el de Giammattei, han demostrado que les fascina recurrir a la Ley de Orden Público aunque quede demostrado que su implementación no resuelve ningún problema, por más que se facilite la realización de distintas formas de despotismo.
Los norteamericanos que aplauden las acciones de Trump no se están dando cuenta de lo que están sembrando y que al tolerar esos gestos dictatoriales, propios de países que ellos despectivamente califican como Repúblicas Bananeras, están labrando una estaca en la que los van a sentar porque se está imponiendo un funesto precedente de abuso del poder presidencial que nadie hubiera podido imaginar ni en el más loco de los sueños. Allá, como aquí lo hace parte del empresariado organizado, los trumpistas aplauden frenéticamente la eliminación de los derechos del ciudadano justo antes de las elecciones, sin darse cuenta de lo que llega a significar la consagración del uso de autos sin placas para secuestrar a quien sea o parezca enemigo del gobierno.
